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Sus correligionarios lo admiten y sus adversarios políticos lo replican: el gobierno de Mariano González Zarur necesita atención urgente en materia de transparencia, combate a la impunidad y participación ciudadana. También sugieren especial reforzamiento en sus estrategias para abatir la delincuencia, reformas en el ámbito municipal y “mejorar los procesos de fiscalización, que han dejado mucho que desear y son temas muy sensibles”, exponen.
“Hemos buscado presentar una serie de propuestas, sobre todo en estos tiempos donde se requiere rescatar la credibilidad en las instituciones y en la política, y buscar alternativas para enfrentar algunos problemas que reclama la sociedad”, dice Noé Rodríguez Roldán, segundo secretario de Gobierno en la administración de González Zarur.
Al paso que marcha esta administración, el priísta Mariano González conduce a sus gobernados al desasosiego, al temor, principalmente por los signos de inseguridad pública que asoman con los primeros hallazgos de hombres decapitados y homicidios violentos, comenta el líder estatal del PAN, Carlos Carreño.
La prepotencia, dicen los opositores, también es un distintivo del mandatario y el sello de la casa fue plasmado la noche del viernes 28 de noviembre, recuerdan, cuando dos elementos de la Policía Acreditable, asignados a su escolta personal, accionaron sus armas de cargo contra tres hermanos; uno murió, otro está grave y el tercero resultó ileso.
El ataque ocurrió, cuenta el joven que se salvó de las balas, cuando su hermano viajaba a bordo de un auto compacto y al topar con un coche estacionado en medio de la calle, pidió al conductor moverlo. Narra que la reacción del escolta fue iracunda y como respuesta persiguió a los jóvenes y en el trayecto pidió refuerzos. Su “pareja” secundó su actitud de prepotencia y accionaron sus armas de cargo contra los tres hermanos. Los escoltas estaban francos, pero llevaban las armas oficiales. Los presuntos responsables fueron consignados por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa por arma de fuego.
El gobernador se adelantó al dictamen y declaró que el homicidio del joven responde a “cosas personales, problemas y circunstancias en las que no deben caer (los escoltas) en las tentaciones”.
Admitió el fallo de los protocolos policiales para impedir que los elementos francos porten el armamento de cargo, pero eso, explicó, le toca al Comisionado Estatal de Seguridad Pública y al secretario General de Gobierno.
“Sí, soy corresponsable, pero no puedo estar revisando a quién me mandan para mi seguridad”, expuso. Presumió que el caso fue atendido de inmediato y se anuló cualquier elemento de impunidad.
Precisó que los escoltas imputados cumplirían de 15 y ocho años en el servicio policial. “Les dieron oportunidad de ser policías acreditables. De todos modos fallan, son seres humanos, y no estaban en servicio”, dijo en un intento por alejar cualquier vínculo institucional.
Problema policiaco
La consignación de los escoltas robusteció las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra policías. La institución inició una investigación para saber si se violaron las garantías de la víctima y sus hermanos.
En antecedentes de comisiones estatales obra documentación suficiente para soportar la violación por cuanto al derecho humano a la vida, cuya prerrogativa tiene todo ser humano a disfrutar, sin que sea interrumpido por algún agente externo, “por lo que el Estado se encuentra obligado de impedir cualquier conducta que interfiera con el ejercicio de este derecho, por lo que los servidores públicos deben velar con el cumplimiento del mismo”. El caso está documentado en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
En Tlaxcala hay una constante queja contra policías y hasta noviembre la CEDH registraba 244 denuncias abiertas; en casi 40% de las presuntas violaciones ellos figuran como actores.
En cifras desglosadas se enumera que del total de las quejas, 17% son para policías municipales, 9% para ministeriales y 8% para preventivos estatales. Ese porcentaje, refieren datos del organismo, se arrastra desde el inicio de esta gestión.
Adicional al abuso policial aquí en el estado más pequeño del país, sus habitantes, principalmente campesinos, juzgan a su gobernador como apático, insensible y distanciado del pueblo.
“Mariano González gobierna de acuerdo con el ánimo con que se levanta. Ha maltratado a sus funcionarios, muchos han renunciado, porque los trata como sus peones, sus empleados. Está acostumbrado a mandar y le dicen el amo, el señor”, rubrica Cristóbal Luna Luna, ex Secretario General del PRD tlaxcalteca.
Además, a cuatro años de gobierno, la población todavía se pregunta dónde están las obras de alto impacto.
Al parecer, la construcción de mayor valía en esta administración (2011-2016) será la Ciudad Judicial, que se edifica en 18.7 hectáreas de Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, tierra natal del gobernador, y el municipio de Apetatitlán.
Para ese desarrollo devastó zonas forestales, ahuyentó la fauna e invadido predios comunales de otros poblados, afirman. Lo peor: inició la obra sin permisos de cambio de uso de suelo y violentó el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La obra fue temporalmente clausurada por la Profepa y como medida resarcitoria impuso al gobierno sembrar 200 mil árboles en La Malinche. La sanción incluía la construcción de 10 presas de gaviones para retener agua y recargar los mantos acuíferos. Todo eso equivalía a 25 millones de pesos, pero casi al vencer el plazo para atender el ordenamiento, el gobierno de Tlaxcala dispuso de 7 millones de pesos para conmutar la sanción y eludir reparar su daño al ambiente.
A una porción del terreno, sin embargo, ya le apareció dueño porque los comuneros afirman que el gobernador se apropió de manera irregular de por lo menos 5 mil metros cuadrados para construir la sede judicial.
Víctor Manuel Campech, ex delegado del barrio Atencingo, cuya dotación territorial colinda con la Ciudad Judicial en Atlihuetzia, exhibió documentos con fechas de 1890 y 1930 para acreditar que una franja de unos 5 mil metros cuadrados fue invadida por el gobierno.
Ante el autoritarismo avasallador, como acusan sus opositores, González Zarur se muestra lacónico: “Quería que ellos ayudaran, que compartieran la energía eléctrica de Atencingo pero qué podemos hacer, es el gobierno”.