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Roberto Armas Arámburu, director de Pensiones Civiles del Estado, inició el procedimiento de embargo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) derivado de un laudo que ganó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por un monto de 1.7 millones de pesos.
A diferencia de otros funcionarios del Gobierno de Mariano González Zarur que han desistido de demandas millonarias como el caso de la procuradora Alicia Fragoso, Armas Arámburu continuó su proceso legal y amenaza ahora con cobrarse el adeudo hasta con el propio inmueble que alberga las oficinas de la CEDH, ya que el organismo autónomo a través del ombudsman, Francisco Mixcoatl Antonio, se declaró insolvente para pagar en efectivo.
La mañana de este jueves, personal de la JLCyA acudió a la Comisión para hacer una diligencia de pago y embargo, pero aunque no se llevaron nada, tampoco informaron si señalaron algunos bienes como garantía de pago que, en su caso dijo Mixcoatl Antonio, no alcanzarían para cubrir el monto reclamado.
El actual director de Pensiones Civiles del Estado, fue en su momento director administrativo de la CEDH y tras ser dado de baja entabló una demanda laboral que fue resuelta en definitiva por la JLCyA y notificada como requerimiento de pago y embargo según se establece en el expediente CDT 51/2009-3, mediante el cual se condenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos al pago de un millón 734 mil 313 pesos con 50 centavos, que comprende las cantidades liquidadas y actualización de de salarios caídos.
Entrevistado al respecto, Mixcoatl Antonio lamentó que se trate de un funcionario estatal quien sea el beneficiado de la demanda, sobre todo cuando trabaja en un Gobierno priista que se ha jactado desarrollo para todos, cohesionar el tejido social, la corresponsabilidad y la austeridad.
"Yo creo que debería mostrar congruencia entre lo que se pregona y lo que se hace, pues afecta a una institución pública y daña a la sociedad", remarcó.