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Mientras a nivel nacional se discute la obligatoriedad para que las declaraciones patrimoniales de los servidores del Estado sean públicas, en el caso de Tlaxcala es imposible conocer las propiedades y bienes que posee la estructura gubernamental iniciando desde la cabeza, el mandatario Mariano González Zarur.
Bajo el argumento de que la situación patrimonial de los servidores públicos "es confidencial", la Contraloría del Ejecutivo se justificó para no entregar tales datos que fueron requeridos a través de una solicitud de información vía el sistema Infomex.
En otros estados del país, ha sido posible conocer al menos de manera parcial el número de propiedades, vehículos y cuentas bancarias de los mandatarios y sus colaboradores.
A una iniciativa ciudadana que solicitó "patrimonio del Gobernador de Tlaxcala, Licenciado Mariano González Zarur y del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto José Romano Monte Alegre", la Contraloría a cargo de Hugo Rene Temoltzin Carreto, señaló la negativa al referir que "dicha información se clasifica como confidencial por tratarse de datos personales", de ahí que esa dependencia está obligada a proteger y respetar dicha se crecía para no transgredir derechos fundamentales de los aludidos.
Sin embargo, al finalizar el documento de la respuesta identificada con el número de expediente CE/OF-02-17/424, Temoltzin Carreto manifiesta que "esta Contraloría del Ejecutivo se ha caracterizado por garantizar de manera adecuada y oportuna el derecho de acceso a la información pública, cumpliendo en los términos establecidos por la normatividad que nos rige".
Para argumentar la negativa, el contralor cita diversos artículos del Reglamento de la propia CE que solo le facultan a custodiar la información pero no difundirla.
La Contraloría es el órgano del Ejecutivo para investigar posibles actos de corrupción y al mismo tiempo vigilar que la actuación de los funcionarios se apegue al estado de derecho.