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La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, encargada de administrar el padrón de cabilderos de la Cámara de Diputados, reconoce que en algún momento sus compañeros de Legislatura le pidieron incluir de forma irregular a empresas de cabildeo.
Las comisiones más demandadas por cabilderos para su registro respectivo son las de Hacienda y Justicia, por donde pasan proyectos importantes, y en el primer caso las decisiones sobre recursos públicos federales.
“Me eché encima a muchos de ellos, entre éstos compañeros legisladores, por supuesto. Muchos (diputados) me buscaban para decirme ‘oye por favor, o tienes que aceptar a éste como cabildero’, pero no se admitió a ningún cabildero que no cumpliera con los requisitos ya establecidos”, reconoció en una entrevista con el periódico El Universal.
En 2012 la Cámara de Diputados detectó que personas que intentaron registrarse como cabilderos entregaron información falsa, por lo que se determinó su baja, lo que obligó entonces a ese órgano legislativo a emitir nuevas reglas para tener un mejor control y registro.
El fenómeno se detectó en la Legislatura previa “por falta de control”, pero luego surgieron casos similares en la integración del nuevo padrón, explicó en ese momento la diputada Gómez.
La legisladora, encargada de controlar el nuevo registro de cabilderos, expuso que en la nueva etapa detectaron al menos tres casos de personas que proporcionaron documentación falsa, por lo que un despacho de cabilderos quedó fuera de posibilidad de registro.
En los otros dos casos detectaron que presentaron solicitudes para acreditarse como persona moral y también como persona física, lo cual está prohibido. Hasta el jueves pasado, había 186 solicitudes de registro.
En entrevista, en el último periodo de la Legislatura se le pregunta a la diputada si fue difícil no ceder ante las peticiones de sus compañeros legisladores para oficializar a cabilderos irregularmente.
“Sí, pero no cedí a ninguno por muy amigo que sea, y al tercer intento decían: ‘con ella no se puede’, y ya mejor ni preguntaban”, aseguró la diputada.
A poco más de cinco meses de que concluya la Legislatura confirma que cerrará con alrededor de 268 cabilderos registrados y hoy por hoy acepta que es necesaria generar una ley para regular la práctica del lobbying.
Actualmente en San Lázaro se opera con una reforma a la normatividad interna, con la cual esta Legislatura cierra con cabilderos acreditados en 20 de las 56 comisiones ordinarias.
No obstante, lamentó que la regulación del cabildeo en el país siga siendo insuficiente, para que este instrumento verdaderamente sirva como motor de democratización de las decisiones públicas. Dado que el reglamento sólo funciona para cada Legislatura, la próxima que inicia en septiembre tendrá que empezar de cero. Por eso la importancia de la reforma, dijo la diputada.
Aceptó que había desorden, incluso antes del reglamento y de la actualización que ella encabezó.
“Si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva, donde las decisiones de los poderes públicos cuenten con la mayor pluralidad posible, deben existir mejores condiciones para transparentar las deliberaciones, donde las organizaciones y grupos representativos encuentren una plataforma para ser escuchados; es necesario establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo”, anotó.
Gómez Pozos agregó que a principios de la legislatura se reformó el Reglamento de la Cámara, con la intención de regular el lobbying; de ahí que actualmente sólo 268 de 550 cabilderos fueron acreditados para realizar sus actividades en 20 de las 56 comisiones.
Comentó que 225 son personas morales y 27 físicas; de las primeras, 43 corresponden a despachos entre los que destacan: PricewaterhouseCoopers (PwC), Grupo Estrategia Política, Open Lobbying, Asesoría Estrategia Total y Consultoría Estrategia Primer Círculo.
Merilyn Gómez Pozos platicó que rechazar a 282 cabilderos le valió para que algunos le llamaran ‘vendida’.
“Muchos me llamaron vendida por no darles el registro a gente que estaba interesada, pero hubo otros que me reconocieron por darles el registro a quienes estaban interesados sin tener ningún beneficio económico; eso me llevó al reconocimiento y a que dijeran ‘ésta sí es diferente, hace las cosas diferentes’; para mí no fue difícil decirles que no, para ellos sí, porque se les acabo el negocio”, afirmó la legisladora.
De ahí que la ciudadanía puede tener la seguridad que en esta Legislatura sí se hizo con riguroso cuidado y con transparencia la revisión de los documentos, insistió Merilyn Gómez Pozos.
—¿Por qué era necesario poner orden al cabildeo?
—Haber modificado el reglamento permitió hacer una limpieza en el manejo del registro pero, sobre todo, se le abrió la puerta a organismos sociales que no podían demostrar que cobraban por la actividad del cabildeo.
La actualización del lobbying fue todo un reto debido al desorden que existía, pues había personas que decían tener su registro asegurado como en Legislaturas pasadas, pero al revisar los registros con cuidado, no lograron obtenerlo.
—¿Este método podría modificarse?
—No debería, pues por eso fue la reforma aprobada y que quedó establecido en el Reglamento de la Cámara. Esperemos que se lleve a cabal cumplimiento, y que sea de la misma manera el próximo registro. La parte importante de la reforma y, que rescato, es darle entrada a que parte de los 20 cabilderos por comisión sean ciudadanos comunes interesados por la problemática social. “Ellos también son ojos adentro de la Cámara, de lo que sucede, y no como otros despachos que sólo buscan el beneficio económico y los diputados”.
En 2010, por ejemplo, senadores admitieron que las presiones que ejercieron empresas refresqueras, de frituras y pasteleras ensuciaron la labor del Congreso en la discusión de la llamada ley antiobesidad. En ese momento urgieron a regular ya el cabildeo, sin haberlo concretado, de manera que los legisladores con algún conflicto de interés estén obligados a revelarlo para que no participen en el diseño de determinadas leyes.
Senado gasta más de 9 millones de pesos en café y alimentos
Desde su arranque oficial el 4 de septiembre de 2012 hasta el pasado 12 de marzo, las sesiones del pleno del Senado implicaron un gasto de 9.5 millones de pesos en café y alimentos para los 128 legisladores federales.
De acuerdo con información de la Unidad de Eventos de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado a cargo de Carlos A. Terán Camuñas, cada sesión del pleno cuesta 397.30 pesos por cada uno de los 128 senadores, lo que equivale a que cada día de sesión cuesta 50 mil 854 pesos.
Y cuando la sesión se prolonga para entrada la noche e incluso la madrugada, como ocurrió recientemente en dos sesiones de diciembre, se pidió servicio extra de chapatas, con un costo extra de 60 pesos en promedio por senador; es decir, en esas dos ocasiones la sesión del pleno costó siete mil 680 pesos más, lo que implica un gasto total por 58 mil 534.4 pesos por cada una de ellas.
Así, el costo promedio de una sesión del pleno está poco más de cinco mil pesos por arriba del promedio de una fiesta de boda o 15 años en una delegación como la Venustiano Carranza, o sólo mil pesos por debajo de una fiesta de ese tipo celebrada en la colonia Del Valle, en la capital del país.
Según otra nota del periódico Excélsior, cada semana, el Senado eroga 101 mil 708.8 pesos para la realización de sus sesiones los días martes y jueves, cantidad que es equivalente al precio de una fiesta de boda o 15 años en los jardines de Cocoyoc, Cuernavaca, entre otras zonas del estado de Morelos, con alta demanda para este tipo de festejos.
El registro oficial del Senado muestra que desde la primera sesión del pleno que tuvo esta LXII Legislatura, realizada el 4 de septiembre de 2012, hasta el pasado jueves 12 de marzo, el pleno del Senado se reunió en 187 ocasiones, que –a un costo promedio de 50 mil 854 pesos– implica un total de nueve millones 509 mil 772.8 pesos.
La información obtenida por el diario Excélsior en torno al servicio de cafetería y alimentos que reciben los senadores de la República durante las sesiones del pleno precisa que se diseñan para los 128 legisladores y para un promedio cuatro horas de duración.
Existe variedad de café que se les sirve, ya sea americano, capuchino, expreso; caliente o en frapé, así como galletas, algunas botanas, como nueces de la India, almendras y pistaches.
En cuanto al bufete, la información obtenida por este diario precisa que se trata de servicios de bufete que se colocan en dos espacios. Uno en el llamado Pasos Perdidos, que es adyacente al Salón de Plenos y es utilizado para que los senadores de la República reciban invitados; ahí se acondicionó un pequeño restaurante que ya incluso debió ser reordenado, porque quienes se comían el bufete eran asesores, amigos y empleados de los senadores.
El otro espacio donde se sirve el bufete está ubicada en la parte inferior del pleno y ahí sólo tienen acceso los senadores; ninguno de sus auxiliares ni asesores, menos invitados, pueden comer de esos alimentos.
Los senadores tienen a su disposición en ambos servicios de bufete ensaladas, botanas de verduras y hortalizas, principalmente zanahoria, jícama y pepino; diferentes tipos de pescado; jamones, quesos y pastas; últimamente se retiró el servicio de la fruta.
Los registros del Senado dejan ver que de las 167 sesiones que registra el pleno del Senado, siete se refieren a periodos extraordinarios. El primero fue de dos sesiones, los días 21 y 22 de agosto de 2013, cuando se aprobó la mayoría de las nuevas leyes y reformas en materia educativa.
El segundo periodo extraordinario fue de sólo un día, el 14 de mayo de 2014; el tercer extraordinario también fue de un día, el 19 de junio de 2014; en ambos casos fue para la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en electoral.
Otro extraordinario fue el 4 de julio, cuando el pleno aprobó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, mientras en las sesiones extraordinarias del 17 de julio y del 4 de agosto del año pasado aprobó el paquete de leyes en materia energética.
El primero de diciembre, como una forma de ahorro, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado acordaron ponerle fin a los gorrones, pues giraron instrucciones a la Secretaría Administrativa para que nadie que no sea senador coma en los espacios destinados para la alimentación de los legisladores en el Salón de Plenos.