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La Diócesis de Tlaxcala podría solicitar por su parte la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para analizar la evidente violación al libre tránsito de los migrantes en el tren a su paso por la ciudad de Apizaco, ante la existencia de barras de concreto al costado de las vías colocadas por la empresa Ferrosur.
Así lo consideró el presbítero Elías Dávila Espinosa, responsable del albergue “La Sagrada Familia” ubicada en la Colonia Ferrocarrilera, quien remarcó asimismo que “nuestra obligación es alzar la voz para lograr que haya un estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes, ya que son objeto de continuos abusos durante su trayecto hacia los Estados Unidos”.
Y es que hasta el momento los tres niveles de Gobierno han actuado con complacencia ante las arbitrariedades de Ferrosur de colocar esas barreras que ya han cobrado la vida de varios migrantes cuando intentan subir o bajar de los vagones en movimiento, por lo que es necesario que asuman un papel más responsable en el tema.
Por si fuera poco, hay trabajadores de la propia compañía ferroviaria que asaltan a los ciudadanos centroamericanos para arrebatarles las pocas pertenencias que llevan consigo en su largo viaje hacia el norte, sin dejar de mencionar el trato discriminatorio que reciben por parte de alguna autoridad nacional, estatal o municipal.
Durante la gestión de Raúl Plascencia como ombudsman nacional, una queja promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH) contra las barras de concreto de Apizaco fue desechada por considerar que no eran violatorias de los derechos; sin embargo, con el cambio de presidente de la CNDH a Luis González, se reactivó ese expediente que hoy se encuentra en revisión.
Elías Dávila señaló además que hasta el momento hay “oídos sordos” por parte de las autoridades para atender la denuncia de migrantes y de varios sectores de la sociedad.