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Ni el Arzobispado de México ni la Nunciatura Apostólica tienen la competencia para atraer y resolver el conflicto religioso que persiste en la parroquia de Santa Catarina Ayometla, derivado de la inconformidad de feligreses en contra del presbítero René Hernández Juárez por la designación de fiscales y mayordomos, sino que la resolución tiene que ser dada por la Diócesis de Tlaxcala.
Esa fue la determinación que ambas autoridades de la iglesia católica notificaron al obispo local, Francisco Moreno Barrón, en base a que el Derecho Canónico los hace responsable del régimen de su Diócesis y lo faculta para solucionar conflictos.
Información de esa institución, indica que las solicitudes de intervención que enviaron los pobladores fueron recibidas por el Arzobispado, pero luego rechazadas por no tener facultades para intervenir.
La notificación fue hecha desde la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, el pasado 19 de marzo, en la que se comunica que “el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la aplicación de los usos y costumbres como formas legítimas de organización en una comunidad esencialmente de carácter indígena; sin embargo, ello debe ocurrir sin que se conculquen, afecten o trasgredan los derechos humanos de ninguna persona (…)”.
Por ello, se recomendó también al alcalde Liborio Suárez Zempoalteca “conservar la seguridad e integridad de los pobladores de la comunidad señalada así como la cordialidad entre sus habitantes”.
Por su parte, la Diócesis de Tlaxcala confirmó por enésima ocasión que no se removerá de la parroquia de Ayometla al sacerdote René Hernández porque los motivos esgrimidos por los inconformes no tienen bases y además se han desvirtuado.