- Política
Y sigue la mata dando. A la ya larga cadena de actos inconstitucionales e ilegalidades, realizados o tolerados a sus directamente subordinados, por el gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, se suma ahora la distracción de su objeto del inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), ubicadas en Avenida Juárez número 62, Centro, de la ciudad de Tlaxcala; lo cual en términos del artículo 165 fracción I del Código Penal vigente en nuestro Estado, constituye el delito de PECULADO.
Ayer miércoles 8 de abril, se publicaron en la primera plana del periódico El Sol de Tlaxcala, las declaraciones del Director General del ITC, Willlebaldo Herrera Téllez, en donde se responsabiliza del hecho de haber sido rentadas por quince mil pesos, las instalaciones del inmueble mencionado, a un particular de nombre José Luis Tamayo Reyes, para realizar su fiesta de boda; ocupándose esas instalaciones para un objeto estrictamente privado, distrayéndolas para efectuar un evento social de casamiento que nada tiene que ver con el objeto público que legalmente tiene asignado el ITC, de acuerdo con la ley que lo creó.
Acontecimiento social que por cierto ha generado miles de comentarios negativos en la prensa nacional, irónicos y burlones en las llamadas redes sociales en general en toda la sociedad tlaxcalteca, en contra del Gobernador, porque el contrayente nupcial supuestamente es amigo de Mariano González Jr., casualmente hijo del mencionado Señor Gobernador.
Del artículo 3º (resaltando principalmente la fracción VI), relacionado con los artículos 12 y 13, todos de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se desprende claramente que el OBJETO del ITC, consiste en realizar acciones artísticas, históricas y científicas, dedicadas al quehacer cultural, lo cual incluye desde luego el uso que se le debe dar a los bienes muebles e inmuebles que tiene bajo su administración, como en el presente caso lo son todas las instalaciones y espacios que ocupan las oficinas del ITC, ya mencionadas.
En el presente caso estamos en presencia de la comisión del delito de Peculado porque parte de los bienes que tiene a su cargo el ITC, fueron ocupados distrayéndolos de su objeto legal. Para ser más claros, transcribo la fracción I del Artículo 165 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala: “Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, al servidor público que: I. Disponga o distraiga DE SU OBJETO, dinero, rentas, valores, rendimientos, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo, y”.
Además, no deben perderse de vista aspectos sustanciales en este asunto como lo son el que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa, que también se tiene que establecer en contra de quien resulte responsable y; que la Contraloría de Ejecutivo que depende del Gobernador, tendría la obligación de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, como consecuencia de la confesión pública del Titular del ITC.
Por si esto fuera poco, es importantísimo destacar que en términos del artículo 5º. de la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Presidente del Consejo Directivo del ITC, que es la autoridad Superior del Instituto, lo es el Gobernador del Estado, por lo que es lógico suponer que Mariano González Zarur debía tener conocimiento previo del fiestón privado que se organizó en el inmueble de ese Instituto, por lo que él tiene una clara vinculación de principal responsabilidad penal.
En los últimos meses el gobierno de Mariano González Zarur ha estado en medio de presuntas situaciones ilegales y violatorias de la Constitución Federal; ha perseguido periodistas violando la libertad de prensa prevista en el artículo 7º de la Constitución de la República; ha promovido su imagen personal con recursos públicos contraviniendo el artículo 134 de la Constitución Federal; ha vulnerado el artículo 3º. de la Constitución de país, firmando convenios con la diócesis católica de Tlaxcala, vía la Directora del ITEA (Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos, que es un organismo descentralizado dependiente de él como titular del Poder Ejecutivo) Maday Capilla Piedras, para que dicho Instituto cumpla sus fines educativos, que deben ser laicos y ajenos a toda doctrina religiosa, mediante la impartición de clases dentro de las parroquias de esa diócesis y; ahora esta distracción de su objeto de bienes del ITC que es otro organismo descentralizado dependiente también del Gobernador.
Hemos llegado al colmo de las situaciones: ahora el gobierno tlaxcalteca no sólo comete actos ilegales, otros posiblemente delictivos y unos más violatorios de la Constitución de la República, sino que hasta publica que los comete, a través de los medios de comunicación masiva como lo es El Sol de Tlaxcala y, la impunidad continúa, ante el enojo impotente de los habitantes del Estado, que no pueden ni tienen manera de cambiar esas lamentables realidades.
Así las cosas, no pasa nada, nadie hace nada; la impunidad es la reina en estas tierras tlaxcaltecas. La Secretaría de Gobernación del país, que debiera ser garante de la gobernabilidad y de la debida política interna del país, brilla por su ausencia. La Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala, peor.
Por su lado, los Diputados locales, viven en su eterno silencio y servilismo; Diputados que por cierto, recientemente se acusaron entre ellos de flojos y corruptos y, que deberían agregarse el calificativo de solapadores del Gobernador, porque a ellos les corresponde realizar los procedimientos legales para frenar y lograr castigar el autoritarismo y la ilegalidad, combatir la impunidad que ya caracteriza a este gobierno de Mariano González y nada hacen, nada de nada, convirtiéndose en cómplices de esos actos contrarios a la ley y en una vergüenza para la gente que los eligió con el fin de proteger los intereses colectivos de la sociedad, sociedad que les paga para servirle a la gente, para que hagan su trabajo, lo mismo que a cualquier otro servidor público, incluido el Gobernador.
Y sigue la mata dando.