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Aunado al lastre de corrupción que dejó por su paso en la administración de la ciudad rielera, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en el distrito I, Orlando Santacruz Carreño es señalado como el responsable de la presunta estafa del caso del Hospital Humanitas, bien inmueble que se compró con recursos públicos al ganar una licitación con el Sistema de Administración y Enajenación (SAE) de bienes.
Fue en el año 2005 cuando el gobierno del estado participó en un concurso por parte del SAE que emitió una convocatoria de licitación pública, DECBI No. 08/05 para la venta, entre otros bienes, del ubicado en boulevard Revolución número 10 y 10 bis de la ciudad de Tlaxcala, el ahora domicilio del Humanitas, resultando ganador y pagando con recursos públicos el inmueble por la cantidad de 3 millones 225 mil pesos.
Una vez ganada la licitación ante el SAE, el 10 de enero de 2006 el gobierno de Tlaxcala a través de su entonces consejero jurídico Orlando Santacruz, hoy candidato del PAN, sin consultar al Congreso del Estado designó como beneficiario de la licitación referida a Pablo Jaime Tizatl Gutiérrez.
Se sabe que el ex alcalde de Apizaco fue quien decidió que en lugar de que se escriturara el bien que se ganó en licitación a favor del gobierno del estado ya que fue pagado con recursos públicos, fuera beneficiado un particular, lo que no habría sido posible sin el aval de su jefe, el entonces gobernador del estado.
Esta acción en la que el presunto artífice fue el consejero jurídico con el consentimiento del gobernador en turno viola el artículo 54 capitulo XXI dice “Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los municipios, respectivamente”, así como en el artículo 70 capitulo XXXIII que refiere “Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del Congreso…”.
En el artículo 107 de las responsabilidades de los servidores públicos dice “Serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o se les transfiera el manejo o administración de los recursos públicos”.
La consecuencia de sus actos del entonces consejero recaerían en el artículo 188: “Comete el delito de peculado toda persona encargada de un servicio público del Estado, municipal o descentralizado, cuan cuando sea en comisión por tiempo limitado y tenga o no el carácter de funcionario, que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Por lo que de acuerdo con el artículo 189 podría recibir de seis meses a nueve años de prisión, una multa de dos a 40 días de salario y destitución de empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar otros, de dos a seis años.
Pese a estas anomalías en las que Orlando Santacruz estaría inmiscuido como representante del gobierno estatal, continúa sin que se le apliquen sanciones y por el contrario ha detentado cargos públicos y actualmente requiere urgentemente el fuero federal para brincar otro tipo de anomalías, éstas suscitadas en su paso por la administración de la ciudad rielera.