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La Comisión de Información Pública del Congreso del estado, presentará en el segundo periodo ordinario de sesiones la armonización de la ley en materia de acceso a la información pública, en la que se prevé dotar de mayores facultadas al órgano garante para poder amonestar, multar y hasta inhabilitar a los servidores públicos que no cumplan con el reglamento.
Este día de llevo a cabo la primera reunión de trabajo convocada por el presidente de la Comisión de Información Pública del Congreso Julio César Álvarez García, en la que participaron los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax), así como de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos.
Ahí se acordó la conformación de una Comisión Redactora en la cual se discutirá y analizará la armonización de la ley con el reglamento federal, mismo que tendrá que presentarse a más tardar en el mes de noviembre, según dio a conocer el diputado panista.
En entrevista, Álvarez García señaló que las comisiones unidas se fijaron como meta presentar la iniciativa dentro del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, pues “si bien es cierto que la ley nos da un plazo de un año tenemos hasta el mes de mayo tendríamos hasta el primer periodo del siguiente ejercicio, pero nos hemos fijado poder hacerlo en este segundo periodo ordinario de sesiones”.
Explicó que con la armonización el organismo garante tendrá mayores facultades para hacer valer la ley entre los 144 sujetos obligados, además de que también plantea la ampliación en el número de entes para integrar a organizaciones gubernamentales, fideicomisos, y a “todos aquellos entes que aplique recursos públicos o tenga dones de mando”.
Reconoció que a estas altura la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Tlaxcala es un tema de “buena voluntad” y que los sujetos obligados no son obligados a cumplir con lo que marca el reglamento, situación por la cual en la armonización s e prevé dotar a la Caiptlax de mayores facultades sancionadoras, de esa manera el organismo garante podría establecer amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación de los servidores públicos que se nieguen a transparentar información.
“Si nosotros dotamos de mayor facultad a la Caiptlax que pueda ir de una amonestación pública a una multa en económico y a quienes no cumplan e incluso hasta la inhabilitación, lo hemos planteado y lo estamos poniendo a esta armonización a la ley”, agregó.
Aunque para ello deberán ser modificados algunos artículos del Código Financieros, y la metodología para poder aplicar las sanciones económicas.