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El segundo buque más importante de la flota de Oceanografía, que fue reportado como “desaparecido” por el juez federal Felipe Consuelo Soto, rector en México del concurso mercantil al que está sometida la citada empresa, fue localizado ayer en el área de fondeadero del puerto de Veracruz, detrás de la Isla de Sacrificios, por lo que está fuera de la jurisdicción de la capitanía del puerto local.
Hasta anoche el navío Caballo Maya permanecía en el lugar. Ese buque era uno de los más modernos que operaba Oceanografía.
La embarcación se encuentra en manos de Shopping Group de México, propietaria del buque, a la que desde el 20 de julio la SEIDO designó como empresa depositaria.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la Procuraduría General de la República (PGR) optó por recurrir al procedimiento de deportación migratoria y dejó de insistir al gobierno de Estados Unidos en la posibilidad de que se inicie un juicio de extradición a México contra Martín Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía, a fin de que sea más rápido el procedimiento y no se complique legalmente la acusación que enfrenta aquí por el presunto fraude de 5 mil 234 millones de pesos a Banamex, informaron funcionarios de esa dependencia.
El juez federal Consuelo Soto informó que el buque Caballo Maya estaba “desaparecido”, y su ausencia ponía en riesgo la restructura financiera de la empresa.
Por tal razón, le ordenó a la SEIDO y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que "tomen las medidas necesarias para recuperar la empresa y continuar con su operatividad".
"Se está afectando no sólo a la comerciante (Oceanografía), sino a todo el entorno social y económico que rige en la ubicación de la empresa, es decir, las consecuencias que trae aparejado el no poner en marcha el convenio concursal y continuar con un aseguramiento que afecta a más de 14 mil trabajadores", afirmó el juez según otra nota del diario Reforma.
La SEIDO aseguró los bienes en marzo de 2014, cuando se reveló el fraude de más de 5 mil millones de pesos contra Banamex.
En mayo pasado, Consuelo Soto aprobó un convenio de Oceanografía con acreedores a los que debe más de 12 mil millones de pesos, pero la empresa está casi paralizada porque no ha recibido "financiamiento de emergencia" por 76 millones de dólares, y los trabajadores no cobran desde julio.
El problema de fondo es que Oceanografía está sujeta a dos procesos jurídicos independientes entre sí y con objetivos distintos: por una parte, el juicio penal por fraude contra el ex dueño, Amado Yáñez, y por la otra, el concurso mercantil que lleva el juez Consuelo Soto, que busca superar la insolvencia financiera de la empresa.
Eventualmente, los bienes asegurados por la SEIDO pueden servir para reparar el daño a Banamex si Yáñez es declarado culpable, máxime que Consuelo Soto no reconoció al banco como acreedor en el concurso.
La gota que derramó el vaso fue el informe rendido al juez por el depositario que él designó, José Castillo, de que el buque Caballo Maya, uno de los más modernos que operaba Oceanografía, "ha sido extraída de su lugar de resguardo y se desconoce su paradero, siendo que es pieza clave del convenio de reestructura para reactivar a la empresa".
Caballo Maya fue ubicado ayer a sólo unos kilómetros de Boca del Río, Veracruz.
Amado Yáñez, ex dueño de la empresa, está sujeto a juicio penal por fraude, y la semana pasada fue detenido en Miami el número dos de la firma, Martín Díaz, también acusado de quebranto a Banamex.
Busca Díaz Álvarez evitar su deportación
Sobre el caso de la deportación de Díaz Álvarez, las fuentes consultadas informaron que el número dos de Oceanografía permanece internado en un centro de detención migratorio de Florida, en espera de que un juez especializado en temas de migración determine si le otorga la libertad provisional, con alguna restricción o medida cautelar, como puede ser un brazalete electrónico.
A decir de fuentes conocedoras del caso, este jueves por la tarde se realizó una audiencia ante el juez migratorio del estado de Florida, Estados Unidos, pero será en las próximas horas o días cuando se conozca la determinación del juzgador.
Se prevé que la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) pida en breve, si no es que ya lo hizo, al juez migratorio la deportación a México de Díaz Álvarez, lo que dará inicio a un procedimiento en Florida que podría alargarse hasta dos años.
Según la nota del periódico La Jornada, los abogados que Díaz contrató en Estados Unidos intentarán acreditar que el empresario mexicano solicitó una prórroga de su estancia en Estados Unidos, previo a su captura del pasado 12 de agosto.
El pasado 13 de agosto, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, dijo en conferencia de medios que Díaz fue capturado en Miami, Florida, a petición de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, que estaba al tanto de su situación migratoria irregular.
La PGR pidió a Estados Unidos desde el 5 de septiembre de 2014 la detención provisional con fines de extradición contra el empresario, pero del Departamento de Justicia de ese país no ha dado cauce a tal petición, es decir, no la ha llevado ante una Corte de distrito para iniciar un juicio de extradición.