El juicio, marcado por denuncias de torturas, detenciones ilegales y órdenes de aprehensión contra agentes involucrados en las capturas, ha sido objeto de controversia por el uso reiterado de evidencias ilícitas.
Los protestantes hicieron un llamado a las autoridades para que reconsideren el caso de Marisol y se garanticen los derechos de las mujeres y los niños en situaciones de violencia, buscando una solución justa que priorice el bienestar de las menores.
La familia ha denunciado a los dos funcionarios públicos debido a que han ostentado el presunto cargo federal y municipal para tomar decisiones fuera de la legalidad.
La Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc, Danielvira Ramírez Jiménez, sigue sin respetar lo estipulado en la ley y ejerce sus atribuciones de acuerdo a su conveniencia.