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Senadores del PAN y PRD respaldaron la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que revisa el caso Ayotzinapa, en tanto que el PRI pidió no desdeñar la investigación previa de la PGR.
En reunión con el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la senadora panista Laura Rojas dijo que a la luz de los nuevos resultados, “tiene que haber una responsabilidad jurídica, tiene que haber una responsabilidad política sobre estos funcionarios; también la Secretaría de la Función Pública tendría ya que empezar una investigación para deslindar responsabilidades administrativas”.
El Informe de los expertos, añadió, revela las insuficiencias en la investigación federal y estatal y por tanto evoca problemas estructurales del sistema de investigación criminal en México.
“Diligencias tardías son efectuadas, escenas del crimen no reportadas, elementos no investigados y confusión entre evidencias, destacan de entre una larga lista. La mala calidad de las averiguaciones y la investigación de los delitos en el país por supuesto exigen esta investigación”.
De acuerdo con una nota del periódico Crónica, el senador perredista Alejandro Encinas refirió que “el informe revela que la autoridad no solamente mintió en el caso de desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de otras seis personas, sino que además ocultó información y manipuló información”.
El ejemplo más claro, dijo, es la existencia de un quinto autobús, del cual nunca fue informada ni siquiera la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, del Congreso de la Unión, “en donde la autoridad bajo protesta de decir verdad, nos rindió el informe que conocemos hasta ahora y que fue hecho público por el entonces procurador Murillo Karam”.
La existencia del quinto autobús, resaltó, modifica sustancialmente el conjunto de la investigación, por la presunción de que se utilizara ese vehículo para el tráfico de droga, particularmente heroína, de Iguala a Chicago.
La senadora priista Diva Gastélum expresó que no se puede regatear al Gobierno federal “que fue a iniciativa de él, como contacta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La necesidad del gobierno de la República versa y versaba sobre el esclarecimiento de estos hechos”.
Tras enfatizar que no se debe fomentar el encono y la desconfianza, Gastelum expresó que el Senado está llamado a ser puente “para poder sentarnos y hablar de un tema tan delicado, tan lamentable en este país”.
Consideró que el grupo de expertos abona a la investigación que hizo antes el Gobierno mexicano con expertos de la UNAM.
“Está abonando datos a la causa que nos ocupa: Bienvenidos ustedes y bienvenidos todos los peritos que han abonado a esa causa y lo que estamos buscando es exactamente dónde están los muchachos.
“Yo pregunto, ¿dónde están los muchachos? Si seguimos haciendo reparto de culpas, lo único que vamos a hacer es que pase lo que ha pasado con muchos casos en este país, que no se sabe dónde quedaron ni lo que se hicieron”, expresó la legisladora priista.
La senadora petista Layda Sansores criticó la actuación de las autoridades mexicanas en el caso Ayotzinapa
“Cómo se puede tener confianza cuando todos los días, desde el Gobierno nos avientan mierda y lo peor, que esta sociedad se está acostumbrando a olerla.
“Nos dicen mentiras, corrupción escandalosa, simulan, ejecuciones extrajudiciales, violencia, muerte, engaño, son cínicos. Hemos llegado ya al hartazgo.Yo no sé qué falta para que este pueblo salga a la calle”.
De acuerdo con senadores, el Gobierno federal pretende darle tres meses más a los expertos para investigar, pero el Senado pedirá que se les permita permanecer en México el tiempo que sea necesario.
No hay evidencia científica que respalde la hipótesis de la PGR
El perito en incendios José Torero —quien realizó el análisis forense que concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero— reconoce la complejidad del caso, la dificultad de saber lo que ocurrió realmente en el lugar, pero afirma que no hay evidencia científica que sostenga la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) y que está basada en especulaciones.
En entrevista con el diario El Universal, el perito internacional —reconocido por su participación en la investigación del colapso de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001— habla sobre el trabajo que realizó para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los normalistas, cuyo resultado difiere de la “verdad histórica” que presentó el Ministerio Público federal.
Doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Berkeley, California, en protección de incendios; director del Centro de Investigación de Incendios en la Universidad de Edimburgo a los largo de 12 años y actual director de la escuela de ingeniería civil de la Universidad de Kingston, Australia, Torero detalla su labor en el caso Ayotzinapa.
¿Cuál es la relevancia de este caso en su trayectoria particular?
—Este es probablemente uno de los casos más complejos en los que he trabajado, no solamente por todas las implicaciones sociales y políticas que puede tener, también por la dificultad para hacer el análisis, el hecho de llegar tan tarde, cuando la escena ha sido ya tan manipulada. Este caso resalta la relevancia de traer a expertos ante este tema en el momento adecuado.
¿Cuáles su opinión respecto a que la PGR solicite un tercer peritaje?
—Mi trabajo como perito en incendios está siendo puesto en duda por la Procuraría General de la República. Finalmente, es muy importante que se llegue a una verdad única, que se resuelva a nivel técnico por expertos del más alto nivel, y que esta verdad no se alcance en base a una batalla o bombardeo mediático, como parece estar ocurriendo. Yo tengo una posición, pero por lo visto la PGR tiene una diferente, yo he puesto toda mi información en el ámbito público, todo el mundo la puede leer.
Creo que la única manera que tenemos para poner toda la información sobre la mesa es que los peritos de la PGR, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los independientes decidan quién tiene la razón desde el punto de vista puramente técnico. Me parece absolutamente fantástico que esto se siga discutiendo desde el punto de vista técnico del más alto nivel; y si este tercer grupo llega a tener evidencia técnica y científica, aceptaré los resultados.
¿Cuáles son sus conclusiones a partir de lo que investigó?
—La versión oficial es técnicamente imposible. La hipótesis es una que desde el punto de vista de toda la evidencia que existe no es posible incinerar 43 cuerpos a las condiciones que se encontraron en el basurero. Desde mi punto de vista, lo que sucedió es muy difícil de establecer, pero lo que podemos decir es que la hipótesis de la incineración no es correcta y no se basa en evidencia material, se basa puramente en especulación.
Con un incendio de esta magnitud se hubiera encendido la ladera, y los troncos de los árboles aledaños hubiesen mostrado marcas de carbonización; y ninguno de los troncos muestra esto.
La incineración de 43 cuerpos en el basurero municipal de Cocula habría generado un penacho de humo que hubiera alcanzado los 300 metros, visibles aún a largas distancias. No existe evidencia material que apoye la hipótesis en función de los testimonios.
La evidencia material que encontramos fueron solamente la acumulación de pequeños fuegos comunes en los basureros, pero no una incineración de la magnitud necesaria para destruir 43 cuerpos con el nivel de calcinación que se encontraron en los restos. El tiempo mínimo necesario para calcinarlos es no menos de 60 horas.
¿Cuál fue el abordaje que usted aplicó para la investigación?
—Dadas las circunstancias de la investigación es difícil saber lo que pasó; lo único que se puede hacer con información de esta naturaleza es eliminar las situaciones que no pudieron haberse dado. Esto, desgraciadamente, no es el resultado ideal, pero es el único al que uno puede llegar con solidez científica para así afirmar: esto no pudo haber pasado. Entonces, lo que no pudo haber pasado es una pira de incineración de 43 cuerpos que llevaron al nivel de calcinación de los restos encontrados.
Yo llegué a esta investigación muy tarde. Desde el primer momento debió llamarse a peritos en incendios con prestigio internacional. Comencé por la información facilitada por la PGR, por el equipo argentino de Antropología Forense y por los datos que recibí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Analicé toda la evidencia que había y después viajé a México, hice una visita al basurero municipal de Cocula en julio pasado.
El propósito fue revisar los daños en la zona aledaña, revisar los elementos que yo podía evaluar que habían estado ahí cuando los hechos ocurrieron. La vegetación madura y ya crecida, de hecho, tenía una antigüedad mayor a un año, y miré si efectivamente los troncos estaban dañados.
Analizamos cuáles elementos de basura estuvieron desde el principio y después evaluamos si los daños son consistentes con el tipo de incendio que estamos buscando.
Llevé a cabo varias entrevistas en la PGR y después una serie de observaciones de los restos que fueron recuperados en el basurero y llegué a las conclusiones.
Refiere que llegó a destiempo a la investigación. ¿Cuáles hubieran sido las condiciones óptimas?
—Partiendo del hecho de la hipótesis oficial de la incineración, esta investigación debió haber sido dirigida por un experto en incendios o un experto en antropología. El problema es que la PGR llega al lugar de los hechos un mes después; hay además ciertos elementos que no debieron ser extraídos o cambiados antes de hacer un análisis de incendios. Esto era necesario para establecer la magnitud de los fuegos en el lugar. La investigación fue dirigida por antropólogos forenses y no por peritos en incendios
Este tipo de situación ocurre muy a menudo. Yo he trabajado en muchos casos alrededor del mundo donde sucede exactamente lo mismo. Nos llaman cuando inicia la controversia.
Estoy prácticamente convencido que la gente del equipo de la PGR estaban seguros que ellos tenían la capacidad para generar esta investigación, y desgraciadamente es algo que se puede repetir en cualquier lugar. Uno puede atribuirle malicia o lo que quiera, pero la realidad no es necesariamente esa. La realidad es que esto sucede todo el tiempo.
El área de la investigación forense en incendios es un área muy compleja y muy poca gente entiende el nivel de dificultad. Uno llega siempre muy tarde, cuando realmente empieza la controversia y la duda se dan cuenta que necesitan un experto de mayor capacidad, personal que debían haber empleado desde el principio.