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La evidente irresponsabilidad y falta de capacidad de Francisco Mixcoatl Antonio Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) por no saber negociar laudos laborales, mantiene al organismo en incertidumbre por un adeudo de casi 4.5 millones de pesos que fue desestimada desde hace varios años y en cualquier momento puede surtir efecto.
Después de que el pasado fin de semana fue embargado el organismo para finiquitar un laudo laboral de un millón 801 mil 501.08 pesos que promovió Francisco Javier Sánchez Juárez ex trabajador que fue despedido de manera injustificada en el 2007.
Aunado a lo anterior, están pendientes de ejecución dos procesos laborales adicionales luego de que la CEDH se negó en reinstalar al ex empleado quien mantiene vigente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado en el expediente laboral C.D.T 524/2015-9 tras haber sido despedido por tercera ocasión el pasado 26 de agosto del 2015.
De concretarse el fallo a favor de Francisco Javier Sánchez Juárez por su tercer despido, se habrá de sumar de ambos procesos laborales la cantidad de 4 millones 500 mil pesos.
A pesar de lo anterior, a la fecha no es el único problema laboral que enfrenta la CEDH Tlaxcala, ya que en días pasados Francisco Mixcoatl declaró que son más de 30, los asuntos que enfrentan, debido a que despiden a los empleados sin garantizarles ni respetarles sus derechos laborales.
Y es que muchas de las veces para cumplir compromisos políticos que adquieren los presidentes de la CEDH Tlaxcala cuando son electos por los diputados del Congreso del Estado, como estrategia instruyen a sus abogados para que “litiguen” los asuntos, lo cual repercute en que sean condenados a pagar laudos millonarios, como lo es este caso, poniendo en riesgo las finanzas y el patrimonio de la institución.
Se sabe, que la representación legal del organismo defensor de los derechos humanos, abusan de la necesidad de los empleados para obligarlos a convenir, con cantidades ínfimas, burlándose de sus derechos laborales.
Por lo anterior, se pone en riesgo la autonomía de la CEDH, debido a que tiene que pagar las cuotas del apoyo recibido en su elección como presidente y luego tiene solicitar recursos económicos al ejecutivo y legislativo para enfrentar sus demandas laborales, lo que redunda en la credibilidad de la institución y la falta de autoridad moral para emitir y hacer cumplir sus recomendaciones.