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El diputado del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, presentó este día ante el Pleno del Congreso del estado la iniciativa de Ley para la Protección del Ejercicio Periodístico del Estado de Tlaxcala, con la cual busca profesionalizar y proteger a los profesionales de la comunicación en la entidad, también incluye un apartado en el que se garantiza el secreto profesional.
En la exposición de motivos, el también exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), mencionó que para la LXI Legislatura Local, el respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y la garantía de los Derechos Humanos.
Por ello, “esta soberanía es consciente de que todo comunicador, periodista, reportero o trabajador de los medios de comunicación, tiene derecho a la reserva de sus fuentes información, apuntes, archivos personales profesionales: además de que este principio establece el derecho de todo comunicador a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidades privadas, autoridades públicas o judiciales”.
Explicó que la Ley en proyecto establece en su capitulado la obligación del Estado de garantizar la libertad de prensa y la protección de los derechos de los periodistas, además la iniciativa busca garantizar la libertad de recibir y difundir información de interés público, veraz e imparcial. Así como de investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos de interés colectivo.
Además, el diputado expuso que un capítulo de la iniciativa es relativo al Secreto Profesional, y su desarrollo; otro referente a la Cláusula de Conciencia, que establece el derecho de los periodistas para negarse, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad, responsabilidad o de sus principios éticos; o para el caso del cambio editorial de su trabajo. En este capítulo se incluirá la prohibición de censura previa.
El acceso a las fuentes de información, dispone que todos los actos de interés público de las instituciones y de organismos públicos estatales sean de acceso al periodista, salvo disposición legal en contrario.
Serafín Ortiz, incluye en dicha propuesta una medida estándar denominada “real malicia” o “malicia efectiva”, la cual tiene como objetivo analizar los “límites” a la libertad de expresión, según el cual “los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna”.
Dicha ley pretende el respaldo subsidiario del Estado para la formación profesional continua, a través de la celebración de convenios de colaboración con instituciones de educación pública y privada, que tengan por objeto lograr alternativas de profesionalización para los periodistas que así lo soliciten.
Expuso que para enriquecer la ley que contiene 30 artículos, se realizó un foro con la intervención de profesionales del periodismo, que expusieron la necesidad de la existencia de una ley que garantice el secreto profesional del periodista, así como su seguridad en el desempaño profesional, pues se destacó que en Tlaxcala ha incrementado un 75 por ciento las agresiones y censura contra periodistas, a nivel nacional en los últimos 10 años, se dijo, han sido asesinados más de 100 periodistas, a la fecha se mantienen desaparecidos 17, en diversas entidades del país.
En el 79 por ciento de los casos, se trató de periodistas que cubrían la fuente relacionada a la denominada “nota roja”, el resto se repartió entre fotoperiodistas o reporteros que difundieron casos de corrupción.
También, enfatizó que la iniciativa “no debe ser un cheque en blanco que permita que quienes se hacen pasar por profesionales de la comunicación, valerse del oficio periodístico para calumniar o descalificar sin sustento, la actividad de las instituciones y personajes públicos”.
La propuesta del diputado aliancista fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos así como a la de Derechos Humanos, para su análisis correspondiente.