- Política
Luego de que por tercera vez echaran abajo reformas Constitucionales, se tiene incertidumbre en el proceso electoral de 2016 al no tener claro si serán las presidencias municipales o las diputaciones locales las que se ajusten a las elecciones federales de 2018, omisiones que son responsabilidad del Congreso del estado en manos de Mariano González Zarur y Adriana Dávila Fernández, quienes orquestarían las principales reformas.
Pese al revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados locales tienen un plazo de 30 días para hacer las modificaciones pertinente, mismas que pareciera no tienen prisa de realizar quizá por la incertidumbre que buscaría generar el grupo que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) por los acuerdos entre el gobernador y la senadora Dávila.
Y es que este jueves, la SCJN echó abajo el candado para la no reelección del contralor del organismo electoral, los mínimos de militancia para la existencia de partidos, y abrió la puerta de la alianza para los recién creados partidos políticos.
Además de otras modificaciones como en el artículo 16 de la ley de partidos políticos, fracción II, la cual pedía la existencia de dos terceras partes de militantes en los municipios, así como el 3 por ciento de la militancia del padrón electoral, quedando nuevamente en 1 por ciento.
En el artículo 131, se limitaba a los partidos a no realizar alianzas, candidaturas comunes, y se derogó con la justificación de que al superar un proceso electoral federal tendrán la oportunidad de ir en coalición.
Además de algunos otros artículos, lo que deja de manifiesto la falta de certidumbre que se requiere para el proceso electoral, en donde el partido en el poder es el mayor beneficiado por los programas asistenciales y el derroche de recursos que se espera para favorecer a los candidatos del autollamado “ultimo de los mohicanos”.