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Con el propósito de ampliar el plazo de entrega de estados financieros por parte de los 60 ayuntamientos para disminuir rezagos en ese sentido, los integrantes de la LXI Legislatura preparan propuestas de reforma a la Constitución Política del Estado en materia de fiscalización, dicho proyecto podría presentarse durante el primer periodo de sesiones del última año de la actual legislatura.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Julio César Hernández Mejía, expuso que los integrantes de la comisión trabajan en ello para que los municipios dejen de entregar de manera mensual sus estados financieros que lo único que generan son rezagos recurrentes.
Para ello, adelantó que pretenden “hacer una reforma Constitucional en materia de rendición de cuentas, en la cual se haga una ampliación de que los municipios entreguen de manera trimestral la cuenta pública, sin embargo hay adecuaciones que se están haciendo por parte de la Comisión de Finanzas”.
Incluso en ese proyecto de reformas constitucionales –adelantó- se puede establecer que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dé a conocer el pliego de observaciones y acotar los tiempos en los cuales los ayuntamientos deben pronunciarse al respecto.
Sin embargo, agregó que “los ejercicios de anualidad y posterioridad ya quedaron fuera de aplicación por la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción estaríamos nosotros viendo alternativas en las cuales no sobrecargar o que sea inoperante en cuestiones técnicas la rendición de cuentas y el pronunciamiento de observaciones y la solventación de las mismas es un trabajo que se está desarrollando y que se presentará”.
Es preciso recordar que una propuesta similar fue presentada en enero de este año por la diputada del PRD, Eréndira Jiménez Montiel, en la que contemplaba reformas a cuatro ordenamientos jurídicos entre ellos la Constitución y el Código Financiero, en dicha iniciativa la legisladora estableció plazos de presentación de las cuentas públicas para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cuatro meses, mientras que para los órganos autónomos y ayuntamientos sería de manera bimestral, no obstante la propuesta no fue votada.