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Con el propósito de que las y los tlaxcaltecas recobren la confianza en las instituciones y aumentar la competitividad del estado, el gobernador Mariano González Zarur presentó al Poder Legislativo local una iniciativa con proyecto de decreto para la expedición del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala.
La iniciativa fue recibida a través de la Secretaría Parlamentaria y está firmada por el gobernador Mariano González Zarur; por el Secretario de Gobierno, Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera; y por el Consejero Jurídico, Héctor Maldonado Bonilla.
Con ese proyecto, el Poder Ejecutivo local pretende detonar una mejor impartición de justicia: pronta, moderna, transparente y de mejor calidad, pues el mandatario estatal reconoció que en esa área en Tlaxcala hay grandes áreas de oportunidad.
De hecho, en la exposición de motivos el jefe del Ejecutivo local menciona que “debemos reconocer que en la impartición de justicia tenemos grandes áreas de oportunidad. Basta remitirnos a los estudios efectuados por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) para advertir que nuestra entidad se encuentra posicionada en los últimos lugares en cuanto a la calidad institucional de la justicia y en la duración de los procesos mercantiles”.
En el mismo sentido, el estudio Doing Business a cargo del Banco Mundial, a través del cual se mide la eficiencia de las instituciones públicas locales involucradas en la administración de justicia así como la idoneidad de las leyes estatales que se relacionan con la ejecutabilidad de los contratos, señala que “Tlaxcala se encuentra en el lugar 31 entre las entidades federativas respecto del cumplimiento de contratos”.
Además, mencionó que el código actual tiene una estructura y contenido que impiden el desarrollo ágil del proceso jurisdiccional y, en comparación con los códigos de la mayoría de las entidades federativas, se encuentra en un notorio desfase, lo que justifica su abrogación.
La actual normativa tiene más de 25 años en operación, por lo que ignora las necesidades y demandas de la sociedad, de acuerdo con lo que se desprende del documento.
Al respecto, menciona que “debe reconocerse que el código vigente, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 13 de noviembre de 1980, en su momento fue un ordenamiento de vanguardia que recogió las principales instituciones procesales que predominaban en los códigos del país, no obstante, en la actualidad su estructura y contenido no permiten un desarrollo ágil del proceso jurisdiccional y, en comparación con los códigos de la mayoría de las entidades federativas se encuentra en un notorio desfase por lo que es necesaria su abrogación con el nuevo ordenamiento que se propone”.
De esa manera, el Código que se propone pretende ser “un factor detonante de una mejor impartición de justicia en el Estado, una justicia más pronta, más moderna, más transparente y de mejor calidad, que permita que paulatinamente los ciudadanos recobren la confianza en las instituciones y que esto, a su vez, incida favorablemente para dar seguridad a la inversión nacional y extranjera que se encuentre en nuestro Estado o que pretenda establecerse”.
Así como para aumentar la competitividad estatal y reposicionar a nuestro Estado en el lugar que le corresponde en el ámbito nacional e internacional, sentencia el gobernador en su iniciativa.