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  • Lucía Pérez
Responsabilizan al Estado de cualquier consecuencia que arroje la huelga de hambre que iniciaron los PEA el 2 de marzo en el Cereso.

Familiares, principalmente las esposas, de los siete expolicías acreditables recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, acusados de secuestro ‘exprés’ en enero de 2015, decidieron salir a las calles para exigir justicia y que el Estado saque las manos del proceso que se mantiene en contra de los detenidos, pues acusan que se ordena al juez de Sánchez Piedras que retrase audiencias.

La marcha partió desde temprano hora del crucero conocido como La Garita, las y los participantes con pancartas en mano y mantas que contenían mensajes como “Justicia para policía y exclamando consignas recorrieron las principales calles de la capital, llegaron a la explanada de Palacio de Gobierno y a la altura del despacho del Gobernador, Mariano González Zarur, gritaron ¡Justicia para policías!.

En las mantas que portaban los manifestantes, en su mayoría esposas de los expolicías detenidos, se dirigieron a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alicia Fragoso Sánchez: “exigimos que saques las manos de los procesos que fueron fabricados por usted y por el subprocurador Víctor Pérez Dorantes para inculparlos a base de tortura”. Mientras que otros estaban dedicados a la CEDH: “Francisco Mixcoatl qué esperas para pronunciarte, ¡Ya existe tortura! ¿o usted también se presta a las mentiras de la procuradora Alicia Fragoso Sánchez?”.

En entrevista, Isela Reyes Rodríguez, esposa del exdirector de la Policías Estatal Acreditable (PEA), José Jorge López Pérez, declaró que a 14  meses de permanecer detenido en el Cereso de Apizaco,  no se han registrado avances en su caso ni en el de la mayoría de los elementos detenidos,  además de que hay violaciones al debido proceso.

Además, a pesar de que los resultados de la aplicación del Protocolo de Estambul dio positivo, demostrando que hubo tortura y vejaciones contra los expolicías acreditables para declararse culpables del delito de secuestro, hasta el momento ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ni el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Estamos viendo muchas obstrucciones a los procesos tanto en el Juzgado Primero como en el Segundo de Sánchez Piedras, queremos que ya no intervengan en esos procesos que ya se deje actuar conforme a la ley es lo que pedimos, ha habido amenazas contra las esposas de los demás policías compañeros de mi marido, nos han obstruido todo, no podemos hacer nada, nos cierran las puertas de los juzgados con el hecho de no manden al ministerio público a las audiencias, lo que queremos es que ya saquen las manos”, aseguró.

También denunció que  por más de dos ocasiones la juez Lara Texis no acude a una diligencia en el juzgado segundo del distrito de Sánchez Piedras para analizar el caso de uno de los inculpados.

Por eso y más violaciones al debido proceso, las esposas,  y de más familiares de los expolicías acreditables anunciaron que saldrán a las calles para que sean escuchadas y sus demandas atendidas.

Este día estuvieron  en Palacio de Gobierno, después fueron al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para posteriormente seguir su manifestación en el Poder Legislativo.

También responsabilizaron al Estado de cualquier consecuencia que traiga consigo la huelga de hambre que iniciar los expolicías en el Cereso de Apizaco, la cual se debe a las anomalías que se han reflejado en su proceso.

 

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