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El Poder Ejecutivo local a través de la Dirección de Recursos Materiales, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó a finales del año 2015 dos adjudicaciones directas por casi 80 millones de pesos con recursos federales del Organismo Público Descentralizado (OPD), actuando así fuera de legalidad al ejercer partidas económicas que deben ser aplicadas exclusivamente por esa entidad pública que cuenta con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Con base a un documento de la Secretaría de Salud (SESA), del cual este medio de comunicación posee copia, se observa que con la intención de controlar todos los proceso de adquisición de bienes y servicios de la secretaría de salud del OPD, la dirección de Recursos Materiales, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Tlaxcala ha sido el área que durante la actual administración ha iniciado, desarrollado, y ejecutado la gran mayoría de los procedimientos de adjudicaciones a favor del sector salud en la entidad.
Para ello, las dependencias estatales celebran diferentes tipos de “Convenios” que resultan ilegales, toda vez que el reglamento especifica que para ejercer el presupuesto en materia de salud será ejercido con la normatividad que regulan los Organismos Públicos Descentralizados.
No obstante, a finales del año pasado el Gobierno del Estado realizó dos procedimientos de adjudicación, los cuales no tan solo los realizaron con las ilegalidades descritas en la ley, sino peor aún, fueron adjudicaciones directas sin que se acreditara la justificación legal para omitir el proceso de licitación.
El primero de los casos detectados es la adjudicación directa a favor de Espectro Biomédico S.A. de C.V por la cantidad de 40 millones para dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de alta especialidad, el documento refiere que “anteriormente se manejaba a través de pólizas celebradas directamente con los proveedores SIEMEMNS, PHILLIPS, el realizar la contratación de una nueva empresa diferente al proveedor encarece considerablemente el servicio contratado, y en caso de que conviniera más este tipo de contratación, forzosamente se tiene que adjudicar por medio del procedimiento de licitación en la modalidad que ordene”.
El segundo caso es la adjudicación directa a favor de Farmacos Darovi S.A de C.V por la cantidad de 39 millones 985 mil 200 pesos en donde se concesiona a dicha empresa la administración de medicamento y material de curación del sector salud en la entidad, es decir con esta adjudicación pretenden que el ingreso, inventario, distribución y de más operación del medicamento y material de curación que requieren los hospitales de segundo nivel, los comunitarios, así como los centros de salud de primer nivel sea realizado por una empresa particular, cuando en el almacén del OPD Salud de Tlaxcala cuenta con un sistema de inventarios denominado GPA. Este procedimiento la autoridad tuvo que haber adjudicado tal concesión a través del procedimiento de licitación en la modalidad que la ley ordene.
Únicamente de esos dos casos se habla de casi 80 millones de pesos que fueron adjudicados directamente por una autoridad incompetente, es decir por la Dirección de Recursos Materiales, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en complacencia de la Dirección de Administración y el Departamento de Recursos Materiales del OPD, también por no justificar en términos de la legislación aplicable a la materia al exentar el inicio y conclusión del procedimiento de licitación correspondiente.
Por lo anterior, el documento refiere lo siguiente: “Nos encontramos ante responsabilidad administrativa y en casos muy concretos de una responsabilidad penal de los servidores públicos que hayan estado involucrados”.