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Héctor Maldonado Bonilla, consejero jurídico del gobierno estatal y Esther Teroba Cote, titular del Instituto de Especialización Judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y Cristina Quintero Martell, secretario proyectista del Poder Judicial si cumplen con los requisitos para ser magistrados y no existe ningún impedimento para que alguno sea designado en lugar de Ángel Francisco Flores Olayo.
Lo anterior lo aseguró el diputado del PAC, Linconl Rodríguez Rodríguez al ser interrogado sobre si los tres abogados que fueron propuestos por el gobernador Mariano González Zarur para que el Congreso del estado designe a uno de ellos como nuevo magistrado del TSJE cumplen con los requisitos legales.
Dijo que de acuerdo con una reforma constitucional aprobada por los legisladores locales y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala con fecha 6 de noviembre del 2015 los tres litigantes están en condiciones de ser nombrados magistrados, pues ninguno tiene un impedimento legal.
Antes de esa reforma, explicó, el artículo 83 de la Constitución establecía que para ser designado magistrado del Poder Judicial se debía estar en los siguientes supuestos: “No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, procurador general de justicia, diputado local, senador, diputado federal o presidente municipal, no ser titular de algún organismo público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección y atribuciones de mando, durante el año previo a su designación, y”..
La reforma a ese artículo quedó así: No haber ocupado el cargo de Gobernador, secretario o su equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación, comentó el también Doctor en Derecho.
Dijo que se eliminaron las condicionantes de tener funciones de dirección y atribuciones de mando, además de que la Consejería Jurídica dejó de tener nivel de secretaría en la administración pública estatal, ya que hoy en día se considera a esa instancia como una unidad administrativa dependiente de la oficina del gobernador.
Linconl Rodríguez sostuvo que si bien los tres abogados propuestos cumplen con los requisitos de ley, ahora falta ver cómo se lleva a cabo el proceso para designar al magistrado, pues la intención es evaluar su trayectoria a fin de estar en condiciones de garantizar la profesionalización del Poder Judicial en Tlaxcala.