El caso ha abierto un debate sobre cómo se aplican los criterios de paridad en cargos judiciales y la importancia de respetar los resultados electorales sin alterar la voluntad popular.
El Congreso local en próximos días deberá enmendar tales irregularidades, dejar sin efecto el acuerdo de no ratificación así como todas sus consecuencias y volver a emitir otro dictamen con libertad de jurisdicción sin repetir el acto reclamado.