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La Contraloría del Estado emplazó a los trabajadores de la Secretaría de Salud (SESA) para justificar cerca de 750 millones de pesos que recibieron en el presente ejercicio fiscal ya que de no aparecer ese recurso fueron amenazados de que podrían ser demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que los mismos provienen de la Federación.
Versiones de empleados de la SESA quienes por temor a ser despedidos y sufrir represalias, pidieron fueran reservados sus datos, acusaron que fue la semana pasada cuando se apersonó en las oficinas de la SESA el titular de la Contraloría Hugo René Temoltzin Carreto para poner un ultimátum a los trabajadores.
No obstante, señalaron que es el Secretario de Salud Alejandro Guarneros Chumacero quien junto con el director(a) administrativa determinan el manejo de los recursos, empero, los mismos no se ven reflejados en la compra de insumos, medicamentos, así como la contratación de personal médico necesario, equipamiento de hospitales, mejoramiento de inmuebles, entre otras cosas para lo que deberían ser ocupados.
Recordaron que esa situación ha provocado la muerte de varias personas por la falta de insumos como lo acontecido hace un par de meses en una clínica de Cuapiaxtla donde un menor de edad murió por no haber oxigeno ni personal médico capacitado.
Agregaron además, que los 800 millones de pesos que maneja la SESA a través del Seguro Popular, solo el seis por ciento -que son cerca de 50 millones de pesos- son destinados para este programa en la entidad, mismos que sirven para pagar a prestadores de servicios en su mayoría.
Incluso no descartaron que los más de 700 millones de pesos pudieran haber sido usados en el pasado proceso electoral local para apuntalar a l@s candidat@s del PRI ya que a la fecha no existe un reporte preciso de donde, cuando y como se aplicaron esos recursos.
Por lo anterior, solicitaron la intervención del Congreso local a través del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) así como de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que hagan las investigaciones necesarias y dar con el destino millonario de esos recursos que no han sido usados en el sector salud de manera adecuada.