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  • Roberto Nava Briones
Se resquebraja el ITE ya que consejeros electorales no saben qué hacer tras escándalos de fraude y corrupción en los que están inmersos

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) Silvano Garay Ulloa, manifestó que todas las acciones que Jesús Portillo Herrera ha emprendido ante las autoridades judiciales en contra del consejero electoral Raymundo Amador García por pedir moches, están avaladas por la dirigencia estatal y nacional por los presuntos actos delictivos en los que incurrió el integrante del ITE.

Luego de que el representante del PT ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) presentara la denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) Garay Ulloa dijo que la dirigencia nacional de su partido brinda todo el apoyo a su representado por los vergonzosos actos que han sido exhibidos públicamente.

El también diputado local preciso que aunque desconocía de la grabación en la que el consejero electoral pidió el 10 por ciento de las prerrogativas a ese partido político a cambio de aprobar la diputación plurinominal y mantener el registro del partido en la entidad, reprobó los presuntos actos de corrupción protagonizados por Raymundo Amador.

Aunado a lo anterior, el ITE ha sido acusado por la ex candidata del PRD a la gubernatura Lorena Cuéllar Cisneros de ser protagonista del aparente fraude de la pasada elección al dar como triunfador al priista Marco Antonio Mena Rodríguez y no puede salir del escándalo de corrupción luego de que el consejero electoral Raymundo Amador pidió moches.

Tras lo anterior, se espera que las autoridades procedan en consecuencia, luego de que Jesús Portillo presentó formalmente la denuncia ante la PGJE; “vengo a presentar denuncia formal en contra del funcionario público de nombre Raymundo Amador García por los hechos delictuosos que más adelante precisare…” 

El documento fue presentado con fecha 27 de junio a las 18:04 horas ante la agencia del ministerio público especializada para la atención de los delitos relacionados con los servidores públicos, dependiente de la PGJE.


 

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