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Los integrantes del Congreso del Estado aprobaron este día reformas a artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para el Estado de Tlaxcala, con el propósito de adecuar la normativa existente, endurecer la penalidad y garantizar a las víctimas acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.
La propuesta presentada desde el mes de mayo de 2015 por el ahora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Baldemar Cortés Meneses, fue aprobada este día por mayoría de votos en lo general y lo particular.
En sesión ordinaria, el diputado de Morena expuso que datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) revelan que de 2013 a 2015 se registraron 42 quejas por presuntos actos de tortura, sin embargo “hasta el momento en información enviada por el dicho organismo se carece de datos respecto al seguimiento y estado que guardan dichas quejas y las acciones que ha emprendido la Institución garante de los Derechos Humanos en Tlaxcala”.
De esa manera, se aprobaron reformas a los artículos 1, 8 y 15, todos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para el Estado de Tlaxcala, para su adecuación a fin de que se garantice, a plenitud, a todas las víctimas de la tortura el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que todo acto constitutivo de tortura sea prevenido, investigado, sancionado y reparado de manera integral.
Pero también para endurecer la penalidad para quien o quienes cometan actos de tortura, al pasar de seis a 16 años de prisión, homologando este sentido a la Ley Federal.
“Es fundamental expresar que en la propuesta se contempla una penalidad de siete a 16 años, mientras que en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala contempla en su artículo 189, una pena de dos a seis años de prisión, por lo que quedaría completamente rebasado al texto actual, generando incertidumbre en la aplicación de la norma”, argumentó el diputado local.
Con lo anterior, también se establece que los servidores públicos que cometan actos de tortura sean multados de 500 a mil días de salario mínimo vigente, hasta la inhabilitación permanente.
El decreto aprobado este día entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.