- Seguridad
El Comisionado Estatal de Seguridad, Oreste de Jesús Estrada Miranda, discriminó, humilló y degradó laboralmente a una persona con discapacidad permanente, por lo que el afectado acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a presentar la queja por estos hechos y en contra de ese servidor público.
De acuerdo con el oficio que Arturo González Montiel, -quien sufre de discapacidad permanente neuromotora-, presentó al despacho del titular de la CES, pidió conocer los motivos por los cuales lo degradaron laboralmente, pues pasó de ser Taquimecanógrafo a Auxiliar de Registro, sin previa notificación.
Esto, ya que el joven, quien además es padre soltero, se percató que su talón de pago llegó inferior a su salario habitual, por lo que pidió hablar con Estrada Miranda pero no fue atendido.
Ante la negativa, dirigió un oficio al titular de la CES para saber el porqué de esa situación, y ya con el documento recibido por parte de la secretaria particular de este servidor público, fue llamado al despacho de Oreste de Jesús Estrada Miranda.
Pero antes de llegar a su despacho y por instrucciones de Oreste de Jesús, uno de sus escoltas, quien forma parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), le exigió bajarse los pantalones y quitarse la ropa para garantizar que no llevara algún aparato para grabar al comisionado de seguridad. De hecho, éste elemento lo despojó de su celular, llaves, cartera y monedas que llevaba consigo.
Esto, ya que al entrar al despacho del comisionado, éste le empezó a gritar y a humillar, con los argumentos de que la CES le pertenece y él puede hacer y deshacer en esa institución.
“Entre gritos también me dijo que tenía conocimiento de que no formaba en el pase de lista, que me salía, que me enfermo mucho, de hecho me dijo que no tengo derecho a enfermarme”, dijo entre sollozos.
Arturo González refirió que en ese momento el comisionado de seguridad, le pidió a una de sus compañeras de área, que subiera al despacho y fue quien lo señaló de las acusaciones que le hizo Oreste de Jesús.
Pero el afectado aclaró que esta persona no es su superior, pues relató que su jefe inmediato es el responsable del área de Imagen Institucional, anteriormente denominada Comunicación Social.
Esta situación incomodó a Arturo, pues afirmó que él cumple con sus horarios, forma en el pase de lista e incluso, en ocasiones ha permanecido en la CES de 24 y hasta 48 horas laborales, cuando él tiene plaza administrativa y no de policía, quienes sí están obligados a acatar ese tipo de modificaciones a sus horarios en determinadas circunstancias.
De hecho acusó que quienes no cumplen con estas disposiciones son quienes lo acusaron a él, pues afirmó que habitualmente se salen de la oficina y no cumplen con sus obligaciones.
Por estos hechos, Arturo González presentó un oficio de queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), desde el pasado 23 de junio, y el cuál deberá ampliar en los próximos días para que el organismo inicie el procedimiento correspondiente.
Este medio de comunicación buscó la postura del ombudsman tlaxcalteca, Francisco Mixcoatl Antonio, y se conoció que el denunciante elaboró erróneamente su escrito, por lo que deberá ampliar su escrito para que el organismo pueda dar trámite a la queja en contra de Estrada Miranda.
Un hijo de 6 años depende de él y su salario
Arturo González dijo estar desesperado por esta situación, toda vez que es padre soltero, y su menor hijo de seis años de edad, depende al ciento por ciento de él para subsistir.
Por ello, pidió al Gobernador del Estado, Mariano González Zarur, intervenir en esta situación para que le regresen la plaza que venía desempeñando desde enero de 2012 y que le fue retirada, a su criterio, por argumentos sin validez y con malicia.
Además, pidió que le respeten su horario laboral, pues en ocasiones se ha quedado de 24 y hasta 48 horas, cuando su plaza es administrativa y no policial, esto, ya que tiene la necesidad de cuidar a su menor hijo.
Informó que en días pasados acudió al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en busca de ayuda y también fue ignorado.
Teme por su seguridad y responsabilizó a Oreste de Jesús si algo le pasa a él o su familia
Por atreverse a denunciar los actos de los que fue víctima, Arturo dijo tener miedo de las represalias que pueda tomar el comisionado de seguridad, Oreste de Jesús Estrada Miranda, por lo que lo responsabilizó de su seguridad y la de su familia.
“Si con el oficio que le giré y el que presenté en Derechos Humanos me gritó, humilló, discriminó y degradó, ahora que lo hago público me da miedo la revancha que quiera tomar contra mi persona”.
Esto, ya que recordó que durante un homenaje, el comisionado amenazó al personal en específico, pero con tendencia a su persona, ya que precisó que les dijo que contaba con los mejores abogados y que la persona que quisiera ir en contra de él se atuviera a las consecuencias.
“En ese homenaje que tiene como un mes, es decir, después de que presenté los escritos, dijo abiertamente pero refiriéndose a mi, que en la Comisión hay personas que se creen con derechos especiales y ni derechos tienen”.
Estado obligado a evitar la discriminación
Derivado de la reforma Constitucional al artículo primero, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, decretada el 11 de junio del 2003, constituye la reglamentación al párrafo tercero de dicho artículo y dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Asimismo, a través de dicho sustento legal, el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación.
El origen de esta ley se remonta al movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad que se formó en 2001, es decir, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación integrada por 160 comisionados, quienes elaboraron un diagnóstico en esta materia, así como un anteproyecto de ley.
Las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), de marzo de 2014, reflejan el firme compromiso del Estado mexicano para avanzar hacia una sociedad incluyente, en la que además de propiciar la tolerancia, se reconozca en las diferencias la fortaleza de nuestra democracia.
Con estas modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión, quedó expresamente prohibido todo acto de discriminación que impida el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, con apego a los acuerdos derivados de los tratados internacionales suscritos por México, en todo aquello que beneficie los derechos de las personas.
Destaca, asimismo, la ampliación de facultades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que le permite intervenir en caso de que servidores públicos o particulares incurran en actos discriminatorios, por lo que Arturo podría recurrir a esta instancia en caso de que su asunto no prolifere en Tlaxcala.
Dicha atribución contribuye a contrarrestar la impunidad que tanto lastima a la sociedad mexicana. Por todo ello las reformas a la LFPED son, sin duda, un aliento para toda la población.
Estos cambios a la norma parten de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que mandata a todas las autoridades del país a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.