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  • Lucía Pérez
La encargada del órgano aseguró que procedió en los términos de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

La encargada del despacho del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Delfina Maldonado Textle, notificó al Congreso del Estado la rescisión laboral de la Auditora Especial de Cumplimiento debido a que incurrió en diversas irregularidades y actos por comisión u omisión de pérdida de confianza.

En el documento OFS/2627/2016 dirigido al Congreso del Estado, Maldonado Textle  informó que se decretó la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el OFS con Claudia Cordero Báez, toda vez que se perdió la confianza hacia dicha servidora pública.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en diversos artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Laboral y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

Más adelante, precisa que dicha determinación deriva “de que la licenciada Claudia Cordero Báez en su carácter de Auditora Especial de Cumplimiento, incurrió en diversas irregularidades y actos por comisión u omisión de pérdida de confianza, que han puesto en riesgo una de las principales actividades del OFS que son el fincamiento de responsabilidades indemnizatorias”.

De esa manera, Maldonado Textle indicó que con fecha 7 de septiembre se levantó acta administrativa de terminación de la relación laboral por pérdida de confianza, sin responsabilidad para el OFS, a la Auditoria Especial de Cumplimiento, sin embargo se negó a recibirla y firmar de enterada, por lo que también fue notificada de manera personal.

El pasado 8 de septiembre, este medio de comunicación informó sobre el despido de la Auditora Especial de Cumplimiento, la afectada mencionó que fue el 6 de septiembre cuando  Maldonado Textle le comunicó de manera verbal que quedaba despedida, por lo que pidió la intervención del Congreso del Estado para conocer los motivos de una determinación ‘ilegal’ tomada por la encargada del despacho, según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 

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