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El Iaip-Tlaxcala al resolver el Recurso de Revisión RR-44/2015-P-2, procedió al análisis del artículo 37 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, disposición normativa que establece las tarifas por concepto de reproducción de la información pública en la modalidad de copias simples o certificadas.
La trascendencia de la resolución dictada a cargo del Comisionado Edgar González Romano, radica en haber determinado la inaplicación de dicha disposición normativa, como resultado de la aplicación de un control difuso de la constitucionalidad, que es la herramienta jurídica a través del cual el Instituto, como autoridad encargada de velar por la protección del derecho de acceso a la información pública estudia si dicha ley se ajusta o no a los principios que establece nuestra Constitución Política, y los Tratados Internacionales en la materia, (Convención Americana de los Derechos Humanos), específicamente por cuanto hace al principio de gratuidad y bajo costo.
Es decir, las tarifas que establezcan las Leyes de Ingresos, de ninguna manera deben constituir costos elevados y desproporcionados que restrinjan dicho derecho al impedir el acceso y entrega de la información solicitada.
Asimismo, la Ponencia Dos encargada de conocer dicho asunto, determinó necesario la emisión del Criterio Obligatorio 04/2016, con el rubro: CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. PARAMETROS PARA SU DETERMINACIÓN, el cual establece que el costo por la reproducción de la información de ninguna manera debe ser superior a la suma de los materiales utilizados y al costo de envió de la información, así como no implicar la imposición del pago de derechos extraordinarios, de manera que hagan nugatorio el derecho de acceder a la información en posesión de los Sujetos Obligados.
Sin lugar a dudas, la reforma en materia de derechos humanos dota de mayores herramientas a los Órganos Garantes a fin de favorecer a las personas con la protección más amplia de sus derechos humanos.