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Luego de que fuera enviada la Ley contra la trata de personas a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación, la senadora Adriana Dávila Fernández admitió la urgencia de que la misma sea aprobada ya que en ella se define el tipo penal para castigar o no a los presuntos delincuentes así como la especialización del mismo debido a que provocaba confusión en la procuración de la justicia.
Al dar pormenores sobre la Ley contra la trata de personas que recientemente fue aprobada en el Senado de la Republica, la panista sostuvo en conferencia de prensa que en el Senado de la Republica la propuesta del proyecto de decreto de origen en 22 artículos, entre ellos el más importante es el artículo 10 en el que tiene que ver la diferenciación de ese problema.
Dijo que la principal discusión recayó en el artículo 10, pues es ahí donde se define el tipo penal para castigar o no la trata de personas; “nuestros argumentos son que ahí se habla de las conductas del criminal, los medios para conseguir a las víctimas y los fines que tienen para ellas”.
De los 47 artículos a los que propone modificaciones, se dan después de una reunión técnica en la que participaron especialistas en el ramo representantes de las Comisiones Unidas del Senado, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la PGR y de la SEGOB.
Acompañada del diputado federal Juan Corral Mier, Adriana Dávila se congratuló de que la administración estatal haya perdido el miedo y empiece hacer algo ya que; "antes tenían miedo... hoy se habla de trata de personas y se actúa sobre ello".
Asimismo, la senadora resaltó las acciones que se han hecho en ese rubro ya que en el último año en los Estados Unidos en coordinación con entidades gubernamentales como la SEIDO y PGR se ha hecho la captura de cuatro bandas que operaban en Tenancingo y Teolocholco mismas que comercializaban a sus víctimas en Nueva York.
Finalmente, confió en que la Cámara de Diputados apruebe la propuesta enviada por el Senado para concretar las modificaciones a la Ley General que entre otras cosas busca; la especialización de ministerios públicos y fiscales especiales en el delito de trata de personas los cales tengan la obligación con el Estado mexicano, de garantizar los recursos para su capacitación y campañas de prevención.