- Congreso
La Síndico del municipio de Apizaco, Anaí Hernández Sánchez, solicitó al Congreso del Estado etiquetar la cantidad de un millón 979 mil 287.05 pesos dentro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 para cubrir una orden de pago al Hospital Ángeles por concepto de servicios de salud, adeudo que fue generado por la administración municipal 2008-2011.
Mediante oficio S.M./2016/079, dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julio César Álvarez García, la representante legal del ayuntamiento rielero, explicó que por acuerdo de cabildo número 64SO/03/25/X/16 de fecha 25 de octubre de este año solicitan autorizar al ayuntamiento de Apizaco acceder a recursos del ejercicio fiscal 2017 aunque ya no le corresponde a la actual administración.
En ese sentido, Hernández Sánchez explicó la necesidad de etiquetar un millón 979 mil 287.05 pesos para cumplir con una orden de pago emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con sede en la Ciudad de Puebla, con motivo de un adeudo que el ayuntamiento arrastra desde agosto de 2009 por concepto de servicios de salud efectuados por el Hospital Ángeles de Apizaco.
El pago es por concepto de cumplimiento a un mandato judicial, derivado del expediente de amparo 1341/2015-VI-B radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
Además, pide que el recurso sea puesto a disposición de la representante del Hospital Ángeles de Apizaco, Yazmín Palafox Rojas, de forma ‘inmediata’ en el mes de enero de 2017, por los servicios prestados, pero también que sea verificada la adecuada prestación del servicio que se reclama; y de no ser así se efectúen los procedimientos necesarios para fincar las responsabilidades a que haya lugar en caso de que exista una presunción de probable daño patrimonial a las arcas municipales y con ello fincar las responsabilidades correspondientes.
El juicio Ejecutivo Mercantil, fue radicado con el expediente 176/2009-B en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala en agosto de 2009; a partir de entonces se registraron diversos actos legales entre los que destacan diligencias de requerimiento de pago y/o cumplimiento de sentencia, diligencias de embargo ejecutadas contra inmuebles y cuentas bancarias, las medidas de apremio solicitadas (multas), las solicitudes de investigación giradas al Registro Público de la Propiedad y del Comercio entre otras.