- Tlaxcala
Las autoridades de Puebla y Tlaxcala siguen sin cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual aseguró que la contaminación en ese afluente es violatoria de las garantías de los pobladores.
La afirmación provino del presidente de la organización Dale la Cara al Río Atoyac, Melanie Gabriel Camacho, quien también refirió que uno de los principales obstáculos para atender la resolución es la falta de coordinación entre autoridades.
Aunado a lo anterior, dijo, destaca la ausencia de una estrategia rectora, plasmada en un documento, que guíe las acciones de las dependencias y municipios que deben trabajar en el saneamiento del río.
Ésto pese a que a nivel estatal hay una presupuesto de 11 millones de pesos para proyectos relacionados con el agua y 9 millones de pesos para programas de medio ambiente.
"Las autoridades no están atendiendo esa recomendación, es es muy claro; hemos tenido interlocución con diferentes autoridades y, hasta el momento, no hay una solución", pronunció la activista.
"Pedía la Comisión una estrategia puntual de la remediación y, hasta el momento, no se habían puesto de acuerdo cuál es el camino, y creo que el tema es burocrático, es un tema de egos, de que no hay acuerdo y falta de alineación", mencionó.
Melanie Gabriel explicó que, sin que sea una postura oficial, las autoridades preparan una solicitud para que la CNDH amplíe el plazo para el cumplimiento de esa recomendación.
La representante de Dale la Cara al Río Atoyac recordó que el organismo garante del respeto a los derechos humanos en el País dirigió sus observaciones a los tres niveles de Gobierno.
En el documento se involucró a 70 municipios de la cuenca del río, así como a dependencias de Puebla y Tlaxcala, además de delegaciones federales, entre ellas las correspondientes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La CNDH emitió la recomendación 10/2017 en marzo de este año para que respondan por la contaminación del Atoyac y sus afluentes y emprendieran acciones de saneamiento para, así, garantizar los derechos humanos de quienes viven en las inmediaciones del río.
A ocho meses de la Administración de Antonio Gali, expuso, existe un documento sobre la problemática en los municipios, no obstante, los avances para la creación de fábricas de agua, la instauración de un fideicomiso para impulsar trabajos de saneamiento o la fiscalización de las descargas de aguas residuales son insuficientes.