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A menos de una semana que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer el inicio formal en Tlaxcala del proceso electoral federal 2017- 2018 y presumir el compromiso del organismo para ser garante de equidad y no permitir abusos e intromisiones de instancias ajenas, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que debido a las anomalías que se han presentado a nivel nacional por casos emblemáticos como el de Santiago Nieto, no confía en la imparcialidad del instituto encargado de llevar a cabo las elecciones.
Lorena Cuéllar manifestó que debido a la poca confianza que se tiene en el INE y en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por diferentes razones, será la ciudadanía a quien se le pida el apoyo para cuidar las urnas en los próximos comicios electorales en los que se advierte que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende hacer fraude como lo ha realizado en otras ocasiones.
Y es que la senadora argumentó que el gobierno federal ha puesto la mesa para fraguar un fraude en las elecciones de 2018 y el claro ejemplo es el caso Odebrecht, en donde derivado de las investigaciones del entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, el encargado del despacho de la PGR lo removió por el vínculo entre esta empresa y el presidente Enrique Peña Nieto, quien habría recibido millones de dólares durante su campaña que lo llevó a la presidencia de la República.
No conforme con la ilegal destitución de Santiago Nieto por hurgar en asuntos que muestran la intromisión de capitales extranjeros en la elección de 2012, el gobierno federal se ha encargado de que no haya un titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía Anticorrupción, lo que podría ser un precedente para lo que preparan el próximo año en el que pretenden evitar el arribo de Andrés Manuel López Obrador.
La intención del PRI- gobierno es que haya un fiscal a modo para que puedan operar tal y como lo han hecho en otras elecciones como el caso de Tlaxcala y el Estado de México, entidades en las que a voluntad de las mayorías no fue respetada por las autoridades electorales.
Estos casos de corrupción como el de Odebrecht en otros países ya hubiera sido castigado, sin embargo, en México la impunidad y el control absoluto del gobierno y sus partidos satélites, además de una oposición cómoda ha permitido que no haya una investigación a fondo y mucho menos castigo para quienes violaron la ley.