- Tlaxcala
Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que de acuerdo con organismos nacionales en internacionales es un paso a la militarización del país y que pone en riesgo los Derechos Humanos de los mexicanos, 25 comisiones estatales de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra, mientras que siete de ellas se han mantenido en el silencio como en el caso de Tlaxcala que tiene un Ombudsman al servicio del partido en el poder.
Una investigación de la asociación "Borde Político" refiere que de los 32 organismos de defensa de los Derechos Humanos que existen en el país, han sido siete las que por razones desconocidas han evitado pronunciarse sobre la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior y los riesgos en materia de violación a las garantías individuales que implicaría.
Las siete comisiones que no han hecho un llamado al Congreso de la Unión para la aprobación de lo que se llama una militarización del país son Tlaxcala, Puebla, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Hidalgo y Morelos.
Elisabeth Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que no consideran que haya sido una buena decisión. “No creemos que sea un paso positivo”.
La portavoz Aaseguróque el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, estima que quienes deben ocuparse de tareas de seguridad pública son los policías, no los militares.
“El país debería centrarse en reforzar la policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”.
Sin embargo, en Tlaxcala no ha habido alguna declaración por parte del Ombudsman, Víctor Manuel Cid, quién podría evitar confrontarse con el partido que lo impuso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pesar de haber sido el peor evaluado de los aspirantes y después de ser señalado de copiar en un examen en el que aspiraba a otro cargo.