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La senadora Adriana Dávila Fernández pidió al Senado de la República exhortar a la Cámara de Diputados a que inicie un proceso de juicio político al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por el uso faccioso y electoral de dicha institución en contra de Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”.
Mediante un punto de acuerdo inscrito en la sesión de este jueves, la legisladora por Tlaxcala solicitó también que la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expliquen públicamente por qué han quedado impunes los casos de Ayotzinapa, la Gran Familia, los desvíos millonarios de Emilio Lozoya, César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fausto Vallejo, entre otros.
La senadora panista lamentó que en lugar de esclarecer casos como los de Oceanografía, Tlatlaya, la Casa Blanca, Nochixtlán, OHL, el socavón del Paso Express y la Estafa Maestra, Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, sea hoy el dirigente de la guerra sucia del PRI en contra de Ricardo Anaya.
Lo que hace, acusó, es utilizar de forma facciosa el poder que genera la PGR con fines políticos, basados en la calumnia y el miedo, y a eso se le llama “terrorismo electoral”.
“Elías Beltrán ya demostró que está subordinado a los intereses del PRI, que la PGR será utilizada con fines electorales con el objetivo de salvar la fallida campaña de José Antonio Meade”, destacó.
Subrayó que esos actos “no pueden quedar impunes”, por lo que, dijo, es momento de hacer valer la Constitución y que se siga juicio político en contra del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el uso indebido del servicio público.
Para el Gobierno, insistió, no existen casos como Ayotzinapa, la Gran Familia, los desvíos millonarios de Emilio Lozoya, César Duarte, Rodrigo Medina, entre otros.
“La PGR tampoco actuó en casos como los de Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fausto Vallejo; estos dos últimos, por cierto, ahora candidatos impulsados por la Coalición Morena-PT-PES, todos ellos vinculados con el crimen organizado”, agregó.
A su vez, continuó, el candidato de la coalición encabezada por el partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la candidatura plurinominal al Senado del líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, implicado en un fraude de 55 millones de dólares, por el que huyó del país.
En los anteriores y otros casos “exigimos un pronunciamiento de parte de la Comisión Nacional del Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que le expliquen a México por qué todos esos casos quedan impunes”, afirmó Dávila Fernández.
La senadora panista señaló que durante una campaña política siempre hay posturas, críticas y diferencias; sin embargo, lamentó que haya servidores públicos que “se someten y ponen al servicio de los intereses electorales”.