- UAT
Tanto el Juicio Político como la Declaración de Procedencia deberían ser facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no del Congreso de la Unión, ya que la primera da más garantías que el segundo, afirmó ayer el ex ombudsman y especialista en Derecho, José Luis Soberanes Fernández.
Lo anterior, al participar en la mesa de trabajo intitulada "Derechos humanos y medios de tutela", parte del foro "Reformas Constitucionales 2007-2013, del estado de legalidad al estado de constitucionalidad", organizado con motivo del 31 aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
Durante su intervención de quince minutos, el doctor en Derecho hizo un breve repaso del devenir histórico de los medios de tutela que tienen los gobernados para defender sus derechos fundamentales, tanto de vía jurisdiccional como el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucional, la justicia electoral, así como otras dos instancias políticas como es el juicio político y la declaración de procedencia.
Ante un auditorio 'José de Jesús Gudiño Pelayo' prácticamente lleno de estudiantes y académicos, Soberanes Fernández precisó que si bien ya no existe el desafuero, suplido por la acción de procedencia, esa institución jurídica "siempre da la idea de impunidad", ya que los altos mandos no pueden ser tocados por la ley porque están protegidos por este fuero constitucional.
"Entonces evidentemente aunque sepamos lo que sepamos, pues no se procede contra ellos porque este es un proceso muy complicado de sacar adelante en la Cámara de Diputados", expuso.
En ese tenor, explicó a la audiencia que en el Congreso de la Unión ya se encuentra una reforma constitucional que dará al traste con ese privilegio de los funcionarios de alto rango y con la sensación de impunidad entre la ciudadanía.
"Vamos a ver ahora si los senadores la quieren aprobar. Lo único que sucede es que estos altos servidores públicos tendrán que enfrentar el proceso sin ninguna declaración de procedencia, pero eso sí, lo enfrentarán en libertad, o sea, se les abrirá su proceso, no habrá necesidad de una declaración de procedencia, no habrá necesidad de un desafuero, pero sí se podrán llevar a tribunales con la única ventaja de que el proceso lo tendrán que llevar fuera, no precisamente dentro de la cárcel", afirmó.
Al compartir la mesa de discusión con José María Soberanes Diez y José Zamora Grant, el académico aseveró que el juicio político y declaración de procedencia son dos instituciones poco utilizadas, y de hecho, el primero "nunca ha sido utilizado", pues es difícil de fundamentar y los congresistas prefieren evitarla. Es decir, ha sido totalmente nugatoria y 'choteada'.
En tanto, la declaración de procedencia que se ha empleado, por ejemplo, en el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando éste fungía como jefe de gobierno del Distrito Federal y que, sin embargo, fue inútil ya que el funcionario jamás fue separado del cargo y, por tanto, tampoco fue sujeto de procedimiento judicial.
"Así pues, yo considero que la judicialización de las instituciones sería muy conveniente", asentó.
Más adelante, José Luis Soberanes se refirió a la figura del ombudsman en México, que hasta antes de la reforma de 1999 no tenía esa presencia, pues no era más que "una oficina de la Presidencia más o menos vigilado".
Empero, con tal modificación a la ley también se dio autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh) y dejó de depender del Poder Ejecutivo.
"La institución del ombudsman ha tenido reformas importantes, ahora hace dos años, en el 2011, reformas que van marcando un progresivo avance de esa importante institución mexicana, el ombudsman que se integra por un lado por la Cndh, y por otro por las comisiones estatales cada quien en el ámbito de su competencia".