- Tlaxcala
A pesar de que las autoridades del Ayuntamiento de Tlaxcala que encabeza la presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, se resistía a reconocer la derrota legal que sufrieron por el caso del Polideportivo, el síndico y representante legal del municipio, Héctor Martínez García reconoció el revés que le propinó a la comuna la resolución de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el cual pudo haber tenido algún conflicto de interés por parte del magistrado Elías Cortés Roa.
Tiene casi un mes que las autoridades judiciales ordenaron a la alcaldesa capitalina, realizar un pago indemnizatorio a partir del avaluó que sobre el particular emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o su equivalente en el estado por el predio sobre el cual se edificó el Polideportivo en el que la administración del panista Adolfo Escobar Jardínez invirtió más de 25 millones de pesos del erario público.
La promesa de Anabell Ávalos respecto al Polideportivo se diluyó y aunque se trató de ocultar el revés que dio la justicia al Ayuntamiento, finalmente el síndico reconoció que el municipio deberá pagar nuevamente por el predio sobre el cual se encuentra edificada el centro deportivo, lo que significará una nueva erogación de recursos públicos.
Aunque el fallo no precisa el monto que deberá pagar el municipio de Tlaxcala a la familia Temoltzin, significará un gasto más que de acuerdo con el diputado de este distrito, José Luis Garrido Cruz deberá ser absorbido por el responsable de que haya sucedido este despojo a las arcas municipales, es decir, el ex alcalde Adolfo Escobar.
La resolución de la Sala Administrativa estuvo a cargo de Elías Cortés Roa, quien entonces actuaba de manera unilateral ya que ahora forma parte del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala (TJAT), sin embargo, anteriormente fue el secretario de la Sala Electoral Administrativa donde curiosamente sus jefe era José Juan Temoltzin, quien es uno de los involucrados en el juicio del Polideportivo, lo que indicaría que habría conflicto de intereses que hoy pone en duda la legalidad de la resolución.