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Los acuerdos que se formalizaron entre padres de familia e instituciones educativas para cobrar cuotas de inscripción, podrían estar por encima de la Ley, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Cid del Prado Pineda.
Dijo que en los inmuebles públicos no hay cavidad para que se condicione el ingreso a los estudiantes, pues la Ley especifica una educación laica y gratuita, en el caso de instituciones gobierno.
“Las aportaciones económicas son realmente voluntarias, por lo que nadie puede obligar a un padre de familia a realizar esas contribuciones, ni lo pueden obligar a comprar el uniforme e incluso ningún docente puede impedir el ingreso a las escuelas”, argumentó.
Para ser más preciso, citó el artículo primero constitucional, “se debe de respetar el acceso a la educación de los niños y de los adolescentes por parte del Gobierno, por tanto todo este aspecto no puede estar supeditado a un punto de acuerdo de padres de familia y un director”.
Adelantó que la CEDH emitirá un documento de manera general donde se les informará a los directores y al personal del magisterio, que no pueden continuar con esas prácticas “porque obligar al alguien o prohibirle el acceso a la educación a un menor por ese tema es una violación a los derechos humanos delos niños”.