- Chiautempan
El juez de control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, decretó la prisión preventiva oficiosa, en contra de Saúl N., y Raymundo N., por el delito de homicidio calificado.
El Presidente de comunidad Saúl N., fue asegurado la tarde del jueves 14 de julio del año en curso, cuando salía de una junta de cabildo en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, de ese lugar fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), en donde un médico legista realizó un dictamen médico y los policías de investigación realizaron la puesta a disposición ante el juez de control en turno.
Por la noche, Raymundo N., sin conocer que contaba con una orden de aprehensión se presentó a las afueras de la Procuraduría en compañía de habitantes de Tlalcuapan.
Al entablar una mesa de diálogo los policías de investigación, observaron que entre las personas que habían ingresado a la PGJE se encontraba Raymundo N., quien también contaba con una orden de aprehensión en su contra, por lo que en ese momento fue detenido y se le hizo saber su situación legal.
Para evitar que fuera rescatado por sus vecinos y familiares fue trasladado al municipio de Apizaco, lugar donde fue certificado y en compañía de una visitadora de los derechos humanos fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, para enfrentar el proceso en su contra.
Fue como en casa de justicia al tener conocimiento de la puesta a disposición de dos hombres por el delito de homicidio calificado, siendo señalada la audiencia inicial dentro de la causa judicial 419/2022, para la mañana de ayer viernes 15 de julio, a las 8:00 horas, el juez de control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dio inicio a la audiencia, en donde se formuló la imputación, y les hizo saber a los detenidos de que se les acusa y quien los acusa.
Enseguida se realizó la clasificación jurídica del delito y se discutió las medidas cautelares, dictando el juez de control la de prisión preventiva oficiosa.
Los abogados de los imputados solicitaron la ampliación del término constitucional de 144 horas para que el juez de control resuelva si los vinculan a proceso, por lo que el juzgador dio por finalizada la audiencia, señalando el día jueves 21 de julio para la continuación.
Por último, trascendió que faltan por cumplimentarse al menos 12 órdenes de aprehensión, por lo que se espera que en las próximas horas sean ejecutadas por elementos de la policía de investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).