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Se sabe que la conyugue no bajará la guardia hasta que el responsable del medio ambiente en Tlaxcala cumpla con las obligaciones de su familia y evite anteponer la Ley ocupando su embestidura de funcionario.

El Secretario de Medio Ambiente (SMA) Luis Antonio Ramírez Hernández, atraviesa por dos denuncias legales: por amenazas de muerte y violencia intrafamiliar.  

El morenista oriundo de Cuernavaca – Morelos, lo acusan de presuntamente golpear a su esposa Tania Vianey Rodríguez González y de negarse a otorgarle la pensión alimenticia a su hijo menor de edad.   

A través de información que hicieron llegar a este E - Consulta – Tlaxcala, se presentaron fotografías de los moretones por golpes en contra de la conyugue, pues al parecer el político de la Cuarta Transformación es intolerante y explosivo.  

Es lamentable que el gobierno estatal pregone la protección y combate a la violencia contra las mujeres, cuando entre sus funcionarios existe un personaje que ejecuta actos que contradicen los principios de la administración estatal.  

Se conoció que Tania Vianey Rodríguez González se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se ejecute la sentencia en contra del funcionario en cuestión, sin embargo, le dan largas y la principal escusa es que el personal competente está vacaciones.  

Incluso personajes el Poder Judicial del Estado estarían protegiendo al morelense para evadir la aplicación de la Ley, ya que se dice, que entablaron dialogo con el Oficial Mayor del Estado, Ramiro Vivanco Chedraui, para no ejecutar los descuentos que ordena el juez correspondiente a la nómina.  

Incluso entre la documentación facilitada, la Fiscalía General del Estado de Morelos, emitió el 21 de diciembre a través de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca una orden de protección a la familia y una orden de restricción al funcionario.  

Se sabe que la conyugue no bajará la guardia hasta que el responsable del medio ambiente en Tlaxcala cumpla con las obligaciones de su familia y evite anteponer la Ley ocupando su embestidura de funcionario.  

Ante esta situación es necesario que el Ejecutivo local ponga orden, ya que no es posible que las autoridades sean los protagonistas de infringir la Ley, sin importar los derechos de un menor que poco tiene que ver entre los interese políticos y maritales.  

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