- Congreso
La iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado, presentada el pasado 14 de febrero por la diputada local morenista, Marcela González Castillo, representa una “evidente vejación del derecho humano al agua por la perspectiva privatizadora que contiene”.
Lo anterior lo señalaron integrantes de la sociedad civil, investigadores y académicos locales y nacionales, quienes se pronunciaron en contra de la propuesta de la nuera de Alfonso Sánchez Anaya.
En rueda de prensa, la directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, Alejandra Méndez Serrano; el investigador de la UNAM y miembro de la agrupación Agua para la Vida, Pedro Moctezuma Barragán; los coordinadores de Un Atoyac con Vida, Laura Méndez Rivas y Alejandro Domínguez Varela; así como los también investigadores de la UNAM, Omar Arellano Aguilar y Rodrigo Gutiérrez Rivas, advirtieron que la iniciativa “es inaceptable”, toda vez que criminaliza la protesta social contra quienes se opongan a las medidas que establece.
Entre otros motivos para rechazarla, señalaron que la iniciativa no tiene como base el reconocimiento que el 80 por ciento de los municipios del Estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental; tampoco toma en cuenta que la urbanización y la industrialización han generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica en la región; ni garantiza el derecho humano al agua individual y colectivo porque se supedita a la existencia de infraestructura de abastecimiento y no a un desarrollo de la misma.
También desconoce la administración del agua que realizan las comunidades; limita la cantidad de agua a dotar; no establece mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones; quita responsabilidad a la industria por la polución que genera; entre otros puntos.
Ante ello, se pronunciaron por legislar respecto a una Ley que garantice el derecho de acceso al agua, su saneamiento, gestión y conservación; se llevan a cabo foros de consulta que incluya la voz de la sociedad civil y la academia para integrar la Ley; que esta responsa a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que vive la entidad; y se establezcan claramente los mecanismos para prevenir y orientar la eliminación progresiva de la contaminación y deja en claro las responsabilidades de la industria en ese proceso.