- Política
A través de las redes sociales, personal que labora en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y por miedo a represalias en su contra, ha hecho de conocimiento público que de manera irregular se han realizado contrataciones de personal sin respetar el reglamento interno.
Además, indican que habría una lista de personas que se contrataron y están vinculadas a Genaro García Luna, recientemente imputado como culpable en una corte de los Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
Esta relación estaría asentada en una denuncia presentada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ante el órgano interno de control de la PFP con número ER-52/2001 por desvío de recursos para la compra de software.
Ante esta situación y de acuerdo a la Ley
General del Sistema para Carrera de Maestras y Maestros publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2019, sería el organismo descentralizado responsable de la verificación de documentos, validez de los mismos y cumplimiento de condiciones para la contratación de personal.
Estas prácticas vienen acompañadas de los señalamientos de incurrir sistemáticamente en ellas por intereses propios para la venta de plazas docentes y administrativas, así como la venta de certificados de estudios, y cobro de gestoría por trámites.
Como responsables de la asignación ilegal de plazas se señala a Carlos Alfonso Morán Miguel y Juan Pablo Arroyo Ortíz.
Cómo responsables de la venta de certificados, a Luis Miguel Rodríguez y Olegario Muñiz Cura, entre otros.