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Al interior del Congreso del Estado se conoció la molestia de algunos diputados luego de que se diera a conocer que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Tlaxcala resolvió la revisión 75/2023, y determinó confirmar la sentencia de la Jueza Primero de Distrito dictada el 7 de febrero de este año, al resolver a su vez el juicio de amparo 572/2022, por la que se concedió al ex Magistrado Héctor Maldonado Bonilla el amparo y protección de la justicia federal al considerar que los actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y demás autoridades responsables durante su evaluación violaron sus derechos humanos, en particular del debido proceso, formalidades esenciales y derecho de defensa.
Hay que recordar que la comisión especial para investigar el comportamiento del profesional del derecho en el Tribunal de Justicia del Estado, fueron los diputados fifís, Marcela González Castillo y Bladimir Zainos, quienes supuestamente revisaron el desempeño del ex magistrado y determinaron que no era apto para ser ratificado.
El teatro se les cayó por que al final el que quedó en ridículo fue el Poder Legislativo local, aunque es evidente la incapacidad y el pésimo trabajo que realizaron los levanta dedos de oportunidad.
Por lo anterior, la justicia federal ordenó a los integrantes de la LXIV Legislatura local reponer el proceso de evaluación por el cual, en su momento, negaron a Héctor Maldonado Bonilla la ratificación como magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala.
Queda claro que la presidenta de la JCCP y el ex presidente de la mesa directiva, no fundamentaron de manera objetiva la no ratificación y razonada todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el también ex Presidente del Tribunal, concretamente los informes anuales de su desempeño jurisdiccional, lo que trajo como consecuencia que el Congreso se basara únicamente en argumentos vagos e imprecisos en su contra para no ratificarlo sin evaluarlo de manera objetiva, completa y razonada. Ante ello, el Congreso local en próximos días deberá enmendar tales irregularidades, dejar sin efecto el acuerdo de no ratificación así como todas sus consecuencias y volver a emitir otro dictamen con libertad de jurisdicción sin repetir el acto reclamado.