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Un verdadero desorden financiero es el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante el ejercicio fiscal de 2023 en el Estado de Tlaxcala, donde salieron a relucir pagos excesivos de bonos y compensaciones principalmente de funcionario de medio y alto nivel, pagos a aviadores, pero lo más preocupante fueron las mañosas licitaciones efectuadas por la Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales.
Lo anterior, porque la ASF detectó que en las Licitaciones Públicas de varias obras y servicios que ejecutó el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, si bien, realizó el proceso mediante la invitación a cuando menos tres personas, los representantes de las tres empresas tenían vínculos en común a través de socios o accionistas; en palabras más claras, los beneficiados eran los mismos solo con diferentes negocios, por lo que no importaba quién ganó la licitación, al final la obra la ejecutaban los mismos.
Entre las observaciones realizadas, destacan que el Gobierno del Estado de Tlaxcala debe aclarar y proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 102 millones 791 mil 183.58 pesos por haber realizado pagos a mil 551 trabajadores de las que sus categorías no estuvieron autorizadas, pagos a 275 trabajadores que excedieron los importes autorizados, pagos a 688 trabajadores en percepciones y deducciones no autorizadas y por pagos a mil 381 trabajadores que no se localizaron en la plantilla de personal autorizada.
También deberán comprobar un millón 416 mil 632 pesos por haber realizado pagos a 45 trabajadores posteriores a la baja definitiva del personal y por pagos a un trabajador durante el periodo en el que tuvieron licencia sin goce de sueldo.
No comprobaron 11 millones 219 mil 50 pesos por pagos a mil 374 trabajadores de honorarios asimilados a salarios que no se ajustaron a lo contratado; en el OPD Salud de Tlaxcala, no presentaron la documentación de pagos a mil 436 trabajadores que excedieron los importes autorizados, a 37 trabajadores les pagaron categorías de puesto no autorizadas; en el Colegio de Bachilleres pagaron más de ocho millones al salario autorizado, pagaron a dos trabajadores no se localizaron en la plantilla de personal autorizada.
Y en el caso de al menos 40 contratos que el gobierno del Estado realizó a través de la mayoría de las dependencias gubernamentales, la ASF ordenó iniciar una Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, califique la presunta responsabilidad administrativa generada porque, a pesar de haber realizado el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, detectaron que en todos los casos, tienen vínculos a través de socios o accionistas en común, a pesar de existir una disposición legal que obliga a los servidores públicos a abstenerse de recibir propuestas, pero éstos las aceptaron y ni siquiera tuvieron la decencia de reportaron los casos.
Otra observación grave, fue la solicitud al gobierno para aclarar 29 millones 139 mil 458 pesos por la falta de presentación de los documentos que acrediten los pagos realizados tales como el comprobante electrónico de pago o el estado de cuenta y evidencias de que los bienes o servicios fueron entregados de acuerdo a las condiciones contractuales, entre ellos actas entrega-recepción, remisiones, reportes fotográficos, entradas de almacén debidamente firmados y sellados, en muchos casos por la compra de vehículos, entre otros.
También se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 57.2 millones de pesos por no haber presentado la evidencia de la entrega de bienes o prestación de los servicios de varios contratos de servicios, pues podría tratarse de servicios que fueron simulados y nunca se ejecutaron.
En términos generales, tan solo de esta partida, el gobierno de Lorena Cuéllar se le ha exigido aclarar recursos por el orden de los 234 millones 846 mil 984.52 pesos que, a prácticamente 14 meses de haber ejecutado ese recurso, sigue sin comprobarlos.
De hecho, el gobierno de Tlaxcala acumula observaciones por esta partida y otras por el orden de los 314 millones de pesos y sumado a lo que no ha logrado comprobar de 2021 y 2022, tiene pendientes de aclarar un total de 850 millones 147 mil 300 pesos.