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En lo que muchos trabajadores del Poder Judicial califican como una represalia autoritaria, la lideresa del sindicato “7 de Mayo”, Karina Erazo Rodríguez, ordenó la suspensión de derechos sindicales por tres meses a una trabajadora que cuestionó públicamente su gestión, sus privilegios familiares y su presunto vínculo con actividades de narcomenudeo.
La sancionada, Rosa Martínez Díaz, fue notificada sin derecho a audiencia y en tono autoritario por José Luis Ramírez Rodríguez, secretario de Servicios Médicos del sindicato, y Pablo Flores Xochitemol, ambos identificados como operadores incondicionales de Erazo Rodríguez.
La acción ha provocado indignación entre el personal judicial, que denuncia el uso del aparato sindical como un instrumento de intimidación.
El origen del conflicto remite a una protesta que Martínez Díaz realizó en Ciudad Judicial, donde exigió explicaciones sobre los beneficios que supuestamente goza Daniel N., hermano de la lideresa sindical, quien enfrenta cargos penales pero, según testimonios, continúa recibiendo apoyo del sindicato. Diversas voces internas acusan a Erazo Rodríguez de encubrir actividades ilícitas, de su hermano Daniel N., incluyendo narcomenudeo, dentro del sindicato, utilizando su poder para mantener impunidad.
El castigo impuesto a Martínez se basa en el artículo 75, fracción VI, de los estatutos sindicales, bajo el argumento de haber divulgado “asuntos de trascendencia del sindicato”. No obstante, trabajadores afirman que la medida es ilegal, pues actualmente no existe un Comité de Vigilancia en funciones, el único órgano facultado para aplicar sanciones.
Para algunos agremiados, este caso confirma el carácter represor y oscuro de la dirigencia de Erazo Rodríguez, a quien califican como una “líder charra” que ha desvirtuado el sindicato para consolidar redes de poder y presuntamente facilitar operaciones criminales en el ámbito laboral.
“Esto ya no es un sindicato, es una estructura de control mafioso. Se castiga a quienes alzan la voz y se protege a los que delinquen”, declaró un trabajador que pidió anonimato por temor a represalias.
Ante la creciente inconformidad, se espera que en los próximos días trabajadores convoquen a una asamblea para exigir la revocación del castigo y abrir una investigación formal sobre la actuación de Karina Erazo Rodríguez y su círculo más cercano.
