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La madrugada del pasado 19 de mayo, un trágico accidente sobre la avenida Ocotlán cobró la vida de dos jóvenes motociclistas.
Este hecho se ha convertido en un caso de impunidad: la presunta responsable, Karla Isabel Huerta Zamacona, funcionaria del Gobierno del Estado adscrita al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5), no fue detenida a pesar de estar, según testigos, bajo los efectos del alcohol y portar un arma exclusiva del Ejército.
De acuerdo con diversos reportes y versiones presenciales, Huerta Zamacona conducía en estado de ebriedad cuando embistió a los jóvenes. En el lugar se presentaron elementos de la Guardia Nacional, quienes en vez de actuar conforme a los protocolos, permitieron que la mujer permaneciera libre, alegando —según testigos— “que las cosas ya no son como antes”.
Incluso, se afirma que la funcionaria utilizó su cargo para “charolear” y realizó llamadas telefónicas que derivaron en instrucciones para no ser asegurada ni ella ni su vehículo. La escena fue resguardada, pero no se realizó ninguna detención, pese a que los testimonios eran contundentes y los cuerpos de las víctimas yacían en el lugar.
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) arribaron más tarde y constataron el estado de ebriedad de la conductora. Sin embargo, al no ser los primeros respondientes, carecían de facultades para actuar directamente. Ante la solicitud de proceder contra la presunta responsable, la Guardia Nacional se negó rotundamente, argumentando tener órdenes superiores —sin especificar de quién provenían.
Lo más alarmante es que, hasta la fecha, ni el vehículo involucrado ni Karla Isabel Huerta Zamacona han sido presentados ante la justicia. La FGJE confirmó públicamente que no se ha hecho entrega oficial de ningún elemento vinculado al caso por parte de la Guardia Nacional.
El silencio oficial y la falta de consecuencias legales han despertado indignación entre familiares de las víctimas, colectivos sociales y ciudadanos, quienes denuncian un intento evidente de encubrimiento institucional para proteger a una servidora pública, mientras dos vidas fueron arrebatadas y los responsables siguen sin responder ante la ley.
Este caso pone en evidencia una cadena de omisiones, privilegios y posibles actos de corrupción en los cuerpos de seguridad que, lejos de brindar justicia, agravan la crisis de confianza ciudadana en las instituciones.