- Seguridad
Una serie de señalamientos no confirmados ha evidenciado el deficiente sistema penitenciario de Tlaxcala, particularmente en los centros de reinserción de la capital y de Apizaco. Versiones que circulan entre familiares de internos apuntan a posibles casos de amenazas, extorsiones, abusos de autoridad y presuntas violaciones a derechos humanos, aunque ninguna autoridad ha validado estas acusaciones.
El caso más visible es el de Ventura “N.”, persona privada de la libertad, quien —según su familia— interpuso el pasado 12 de junio una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En ella, habría señalado que, de forma presunta, se le exigían pagos mensuales de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos para conservar su trabajo en un taller del penal y evitar sanciones.
En la carpeta de investigación se habrían incluido datos de transferencias y cuentas bancarias que, de acuerdo con su versión, podrían estar relacionadas con personal penitenciario.
En su testimonio, Ventura también presume que algunos internos habrían sido sacados del penal para cometer ilícitos, entre ellos atracos y hasta homicidios, aunque estas afirmaciones no han sido comprobadas.
Esas presuntas acusaciones fueron grabadas el 31 de julio pasado y se difundió en redes sociales desde el Cereso de Apizaco, en el que Ventura describe lo que él considera robos, golpizas y muertes de internos como método de control.
También pide ayuda a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y refiere que su familia habría sido intimidada, mencionando el incendio de una vivienda cercana como advertencia, extremo que no ha sido verificado.
El interno afirma que, tras negarse a realizar los supuestos pagos, fue retirado de su puesto, perdió sus pertenencias y fue trasladado sin previo aviso, asegurando que recibió advertencias veladas sobre su integridad física.
Hasta el momento, todo lo expuesto permanece en el terreno de lo presunto y será labor de las instancias competentes determinar la veracidad de los dichos.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme las acusaciones, por lo que la información se mantiene bajo investigación.