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El otorgamiento de una licencia laboral a Daniel N., actualmente recluido y vinculado a proceso tras el hallazgo de drogas y menores intoxicados en su domicilio, desató indignación dentro del Poder Judicial y confirmó lo que por años trabajadores han denunciado: la red de influencias, protección y beneficios personales que caracteriza a la dirigente del Sindicato “7 de Mayo”, Karina Erazo Rodríguez.
A pesar del grave historial público de señalamientos que enfrenta Daniel N., el Órgano de Administración Judicial aprobó —según el Acta 8/2025— una licencia de dos meses que le permite conservar su empleo, decisión que especialistas califican como irregular y contraria a la Ley Laboral de los Servidores Públicos.
La ley es clara: un servidor público privado de la libertad y sujeto a proceso penal debe ser separado de su cargo.
Pero en este caso ocurrió lo contrario. Fuentes internas aseguran que la licencia fue impulsada directamente por Karina Erazo, maniobra que, de confirmarse, evidenciaría un acto de tráfico de influencias para proteger a su hermano, pese al impacto público y mediático del cateo donde fue detenido.
La decisión ha sido descrita por personal judicial como un “privilegio fabricado”, inaccesible para cualquier otro trabajador en circunstancias similares.
La maniobra no sorprende a quienes conocen el funcionamiento del sindicato.
Durante años, trabajadores han denunciado que Karina Erazo utiliza su posición para negociar favores, asegurar ventajas personales y tejer acuerdos políticos con funcionarios en turno.
Ahora, este caso evidencia el aprovechar el sindicato para beneficio familiar, incluso en medio de investigaciones delictivas.
Más alarmante aún fue la actitud de Raymundo Amador y Germán Mendoza, expertos en derecho laboral que aprobaron la licencia sin objeción alguna, pese a que sabían que la ley no contempla tal beneficio.
Por si fuera poco, las recientes imágenes del Cuarto Informe de Gobierno, donde aparecen Guadalupe Rodríguez Guzmán, Pedro Erazo Rivera y Karina Erazo Rodríguez entre los invitados de confianza, fortalecen sospechas de que la dirigencia sindical opera desde una posición privilegiada, protegida por sus vínculos con el poder estatal.
El caso de Daniel N. no es solo un escándalo mediático: es la muestra más clara de cómo el “7 de Mayo” ha sido utilizado como instrumento político y familiar, más que como defensa laboral.
La licencia otorgada al hermano de la dirigente, pese a los graves señalamientos que enfrenta, muestra hasta dónde puede llegar la estructura de influencias que rodea a la familia Erazo–Rodríguez.
El caso sigue abierto, pero la corrupción y el tráfico de influencias en torno a la dirigencia del “7 de Mayo” sigue vigente evidenciando lo que ya se conoce de antaño una familia dedicada a la ambición del poder y a sacar provecho de las autoridades en turno.