- Tlaxcala
El año que termina dejó un panorama desolador para la libertad de expresión en México: acoso judicial sistemático, leyes que coartan el debate público y un choque frontal entre el poder político y la prensa crítica. Lejos de ser un año de consolidación democrática, 2025 se caracterizó por un retroceso autoritario orquestado desde las instituciones del Estado, que utilizaron el aparato judicial como arma para silenciar voces incómodas.
Organizaciones como Artículo 19 documentaron 51 casos de acoso judicial solo en los primeros siete meses, un récord que supera cualquier año previo y equivale a un proceso legal contra periodistas o medios cada cuatro días. Reporteros Sin Fronteras (RSF) posicionó a México como el segundo país más letal para el periodismo, solo detrás de Gaza, con nueve asesinatos y 28 desapariciones.
Este asedio no es casual ni proviene exclusivamente del crimen organizado, como insisten en repetir las autoridades. El Estado mexicano es el principal agresor: funcionarios públicos, fiscales y gobernadores de Morena han liderado una campaña de intimidación que combina demandas abusivas, estigmatización y criminalización.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y sus aliados niegan la censura, los hechos demuestran lo contrario: el poder judicial se ha convertido en un instrumento de venganza contra quienes investigan corrupción, abusos o nexos con la delincuencia.
Los casos más emblemáticos de este año ocurrieron en Puebla y Veracruz, estados gobernados por morenistas donde el periodismo crítico ha sido tratado como delito grave.
PUEBLA Y EL CASO DE RODOLFO RUÍZ
El periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso en diciembre por supuesto "manejo de recursos de procedencia ilícita". La acusación, impulsada por la Fiscalía estatal, se reactivó en un contexto de investigaciones periodísticas que expusieron presunta corrupción y extorsión por parte de funcionarios de la propia institución que lo persigue. Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaron irregularidades en el procedimiento y un claro conflicto de interés: el gobernador Alejandro Armenta había estigmatizado públicamente a Ruiz, acusándolo de liderar una "red de delincuencia cibernética".
En junio, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado en un ataque armado, con posibles vínculos a su labor informativa local.
RAFAEL LEÓN DE VERACRUZ
En Veracruz, el año cerró con la detención arbitraria de Rafael León Segovia (conocido como Lafita León), reportero de nota roja en Coatzacoalcos. Arrestado el 24 de diciembre, fue inicialmente imputado por "terrorismo" –un cargo grotesco y sin precedentes para un periodista–, encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública. Aunque la Fiscalía retiró el terrorismo tras la intervención pública de Sheinbaum, León recibió un año de arraigo domiciliario. Su cobertura de violencia y crimen organizado en una zona de alta macrocriminalidad parece ser el verdadero "delito". La gobernadora Rocío Nahle negó cualquier vínculo con censura, afirmando que en Veracruz hay "libertad de expresión hasta con exceso", una declaración que contrasta con los 10 casos de acoso judicial documentados en la entidad por Artículo 19, la cifra más alta del país.
Estos episodios en Puebla y Veracruz ilustran un patrón nacional: el abuso de figuras como la violencia política en razón de género (usada en la mitad de los procesos judiciales), demandas por daño moral y cargos penales desproporcionados para desgastar económica y emocionalmente a los periodistas. Veracruz lidera esta vergüenza, seguido por la Ciudad de México y Jalisco. El resultado es un efecto inhibidor: zonas de silencio donde informar sobre corrupción o violencia se convierte en riesgo vital.
El choque con el poder político es evidente. Funcionarios estigmatizan a la prensa en conferencias oficiales, mientras el crimen organizado –a menudo coludido con autoridades– ejecuta la violencia física. La impunidad ronda el 99%, según estimaciones de RSF y CPJ. México no solo es peligroso para periodistas; es un país donde el Estado, en lugar de proteger, persigue a quienes cumplen con su deber de informar.
2025 deja un periodismo acorralado, pero también resiliente. La sociedad no puede permitir que el silencio se imponga.