- Gobierno
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, continúa demostrando una alarmante desconexión con la cruda realidad que azota el sur del estado. Mientras en la reciente Reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de la Paz, celebrada el 14 de enero de 2026 en Zacatelco, se limitó a exhortar a los 60 ayuntamientos a actualizar sus Bandos de Policía y Buen Gobierno para “combatir la prostitución” como una mera falta administrativa contra las “buenas costumbres”, la explotación sexual y la trata de personas operan a plena luz del día en carreteras estatales y municipios sureños, sin que su administración muestre acciones concretas, efectivas y urgentes para erradicar este flagelo.
El llamado oficial a reforzar bandos municipales suena a medida propagandística y tardía. Clasificar la prostitución como una simple infracción a la convivencia social —sancionable con multas o arrestos administrativos— ignora deliberadamente que detrás de muchas mujeres que ejercen el comercio sexual en las vías públicas del sur de Tlaxcala existe una red de trata con fines de explotación sexual, un delito grave de lesa humanidad que involucra enganche, control, traslado y explotación por parte de redes criminales.
Reportes periodísticos y organizaciones especializadas han documentado durante años, y con mayor intensidad en 2025, la presencia de mujeres ofreciendo servicios sexuales en carreteras que cruzan municipios como Calpulalpan, Apizaco, Ixtacuixtla, Huamantla, Zacatelco, San Pablo del Monte y Tenancingo.
Zonas como la vía corta Tlaxcala-Puebla funcionan como verdaderos “refugios” para la explotación, frecuentados por traileros y automovilistas, donde la actividad ocurre de manera abierta, diurna y nocturna, sin que se observen operativos estatales visibles, patrullajes permanentes ni acciones de inteligencia para desmantelar las redes detrás.
La gobernadora y su equipo han insistido durante su administración en minimizar o directamente negar la magnitud del problema. Declaraciones previas de Cuéllar Cisneros, como afirmar que la trata “ya no es un problema” en Tlaxcala o que había disminuido drásticamente.
En 2025 se abrieron carpetas de investigación y se recibieron denuncias anónimas, mientras organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés documentan detenciones de tratantes tlaxcaltecas y la persistencia del corredor de explotación Puebla-Tlaxcala.
Aun así, la respuesta estatal se reduce a campañas preventivas generales. No existe un refugio especializado para víctimas, los avances en sentencias se centran mayoritariamente en casos antiguos y la atención se diluye en discursos sobre “paz” y “coordinación” que evaden la responsabilidad directa del Ejecutivo estatal.
¿Qué sentido tiene hablar de “construcción de la paz” cuando en las carreteras del sur las mujeres son visibles como mercancía a la orilla del camino, expuestas a violencia, enfermedades y detenciones arbitrarias, mientras los proxenetas y tratantes operan con prácticamente total impunidad? La estrategia de la gobernadora parece reducirse a criminalizar a las víctimas mediante bandos municipales en lugar de atacar a los explotadores, desarticular redes y ofrecer protección real.
Esta actitud no solo perpetúa el estigma histórico que pesa sobre Tlaxcala como foco rojo de trata en informes internacionales (incluido el del Departamento de Estado de EU), sino que envía un mensaje devastador: la administración prefiere la apariencia de control mediante medidas superficiales antes que asumir el costo político y operativo de enfrentar de frente un problema que involucra crimen organizado, corrupción y violencia estructural contra mujeres y niñas.
Mientras Lorena Cuéllar Cisneros celebra índices delictivos bajos y presume sentencias por casos del pasado, en el sur de Tlaxcala la explotación sexual sigue ocurriendo a plena luz del día, en las mismas carreteras estatales, ante la mirada indiferente —o cómplice— de un gobierno que parece más interesado en limpiar la imagen que en salvar vidas.