- Tlaxcala
Tlaxcala se ha consolidado, lamentablemente, como uno de los territorios más hostiles para hacer negocios en México. Según datos contundentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el estado figura sistemáticamente entre las entidades con mayor incidencia de actos de corrupción que afectan directamente a las empresas.
En la Encuesta Nacional sobre Experiencias de Corrupción en Empresas (realizada por DataCOPARMEX y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI) correspondiente a 2023, Tlaxcala registró un alarmante 63% de empresas que fueron víctimas de solicitudes de sobornos, pagos irregulares, regalos o favores para agilizar trámites, evitar multas o concretar permisos. Este porcentaje coloca a la entidad empatada en el cuarto lugar nacional (junto con Sinaloa), solo por detrás de Baja California (67%), Puebla (65%) y Quintana Roo (64%). A nivel nacional, el promedio fue del 48%, lo que significa que en Tlaxcala la situación es mucho más grave que la media del país.
Pero el problema no se ha detenido ahí. Los más recientes indicadores de #DataCoparmex 2025 (presentados en enero de 2026 con información recabada entre agosto y octubre de 2025) siguen señalando a TLAXCALA COMO UNA DE LAS ENTIDADES CON MAYOR PORCENTAJE DE CORRUPCIÓN experimentada por las empresas, junto con Quintana Roo y Puebla.
Los actos corruptos se concentran especialmente en los gobiernos municipales (62.2% de los casos) y estatales (57.8%), los niveles de gobierno que más interactúan con los empresarios en trámites cotidianos. Uno de cada cinco empresarios, principalmente micro y pequeñas empresas, reportan haber sufrido corrupción simultáneamente en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
Esta realidad no es un accidente ni una percepción subjetiva, es el resultado de un sistema fallido donde la impunidad reina, el 73% de las víctimas empresariales decide no denunciar (ya sea por considerar inútil el proceso o por temor a represalias), y la clase política local parece más interesada en mantener cuotas de poder que en generar condiciones reales de certeza jurídica.
La corrupción en Tlaxcala no es un delito abstracto; es un impuesto silencioso que encarece todo: desde la apertura de un negocio hasta la expansión de una fábrica. José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, ha advertido repetidamente que la falta de estado de derecho y la alta incidencia de sobornos inhiben la inversión, especialmente en un momento en que México podría capitalizar el nearshoring. En un estado como Tlaxcala, con limitado margen de maniobra económica, este fenómeno resulta devastador: desalienta la llegada de empresas, mantiene en la informalidad a miles de emprendedores y perpetúa la precariedad laboral.
Mientras entidades como Querétaro, Coahuila o Guanajuato muestran porcentajes significativamente menores (en algunos casos por debajo del 35%), Tlaxcala parece atrapada en un círculo vicioso de opacidad, discrecionalidad y complicidad. La pregunta obligada es: ¿dónde está la voluntad política para romper este esquema? ¿Cuánto más tiempo las autoridades estatales y municipales van a seguir tolerando —o peor, participando— en prácticas que los propios empresarios denuncian año con año?
Hasta que eso ocurra, Tlaxcala seguirá siendo un ejemplo vergonzoso de cómo la corrupción no solo roba recursos: roba futuro. Y mientras el estado permanezca en el podio de la deshonra según los propios empresarios organizados en Coparmex, difícilmente podrá aspirar a ser competitivo en México.
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