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Con una visión sensible y de profundo compromiso social, la diputada local Gabriela Hernández Islas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que busca poner en el centro de las decisiones legislativas a quienes durante años no han sido escuchados.
La propuesta plantea reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso, con el objetivo de que la consulta previa, libre e informada sea una obligación legal antes de aprobar leyes, decretos o acuerdos que impacten directamente en los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
De aprobarse, el Congreso estaría obligado a consultar de manera real y efectiva a personas con discapacidad, pueblos originarios, integrantes de la diversidad sexual, así como a las juventudes, sectores que históricamente han enfrentado barreras para participar en la construcción de las leyes que rigen su vida cotidiana.
Hernández Islas subrayó que actualmente la normatividad interna del Congreso no garantiza mecanismos claros de participación, lo que ha derivado en decisiones legislativas que no consideran el impacto diferenciado en estos grupos, perpetuando desigualdades y exclusión.
La iniciativa establece que las consultas deberán ser previas, informadas, accesibles y con participación efectiva, en congruencia con la Constitución y con tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Con esta propuesta, la diputada busca cerrar el paso a la simulación, fortalecer el trabajo de las comisiones legislativas y avanzar hacia una democracia verdaderamente participativa, donde las leyes se construyan escuchando a quienes han sido invisibilizados.
De concretarse esta reforma, Tlaxcala daría un paso firme hacia un modelo legislativo más justo, transparente y cercano a la ciudadanía, reafirmando que gobernar y legislar también es un acto de empatía y responsabilidad social.